Las situaciones de violencia que han venido ocurriendo en las manifestaciones públicas de diferentes sectores, nos conduce a reflexionar y sobretodo censurar estos actos de vandalismo que se han venido filtrando en las protestas, que son parte de un derecho legítimo de la ciudadanía para disentir, demandar algún derecho o reclamar mejoras.
No podemos tolerar ni consentir cualquier hecho de violencia que ponga en riesgo la integridad de civiles y policías, así como la propiedad pública y privada.
En la cotidianeidad la violencia se ha vuelto algo casi natural para algunos, considerando que es la forma de expresión para lograr un cambio mediante la coerción.
Estos grupos que se aprovechan de las marchas pacíficas para crear inestabilidad, enviar signos de desorden y convulsión ante la opinión pública, lanzando piedras, botellas, palos, dañando vehículos e hiriendo policías, pretenden permear y destruir los principios de diálogo, respeto y debate que han alimentado nuestro sistema democrático.
Ante los hechos cabe cuestionarse ¿dónde queda el diálogo, el debate de ideas?. ¿Dónde queda el uso de la razón y la argumentación inteligente?
No podemos rehusarnos a continuar cultivando el diálogo y el debate base de una cultura de paz y de resoluciones negociadas de las diferencias y de los conflictos, en un ámbito de respeto y civilismo que ha caracterizado a Costa Rica.
No es un asunto de ahogar la controversia. Decía John F. Kennedy “sin debate, sin críticas ningún país puede tener éxito, ninguna república puede sobrevivir”.
El diálogo se impone como el camino para el encuentro que solidariza la reflexión y la acción.
La libertad de expresión constituye un derecho humano fundamental que asegura el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural.
Lo anterior impone el diálogo y el respeto como la vía para alcanzar una verdadera solución a los problemas sociales, con respeto mutuo a la dignidad y a los intereses de las partes involucradas, por lo que en todo momento debe desecharse el uso de la fuerza para que se abra el espacio hacia acuerdos justos en beneficio del país.
La acción de manifestarse o protestar, se debe ejercer de forma responsable por parte de la ciudadanía. Por tanto, las organizaciones populares en su ejercicio del derecho a manifestarse deben inculcar el diálogo, educación y respeto como mecanismos de expresión de sus demandas.
En la acera del frente, las contrapartes políticas estamos obligadas a escuchar, afianzando la construcción participativa e incluyente de consensos dentro de un marco democrático y pacífico.
La violencia no puede concebirse como un nuevo modus operandi de la protesta, no es parte de la identidad costarricense.
Siendo consecuentes a la convivencia pacífica de nuestro país y con el fin de abogar para que estas manifestaciones se apeguen a la seguridad y al orden público hago un llamado vehemente a los educadores, a los padres y a la sociedad en general para que fortalezcamos la capacidad crítica de los jóvenes, que expresen sus opiniones dentro de un marco constructivo para la sociedad, comprendiendo que con ello, abrimos la frontera a las posibilidades, a las soluciones y a seguir escribiendo la historia patria en los renglones de la paz y del civilismo.
*Diputada Asamblea Legislativa