Diálogo ante huelga en punto muerto

Las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos del sector público para contener una huelga indefinida y general están en punto muerto.

A pesar de que solo restan dos semanas para la llegada de febrero, mes en el que los sindicatos anunciaron la paralización, el gobierno reconoció que “no hay negociaciones abiertas ni puntuales sobre ningún tema” de los que demandan los gremios.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, dijo que no ha habido reuniones ni acercamientos con el colectivo sindical Patria Justa ni con Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco), pero argumentó que por medio del Ministerio de Trabajo los canales de diálogo están abiertos.

Con su amenaza de huelga los sindicatos persiguen un solo objetivo: que se \”entierre\” el proyecto de ley de empleo público, que busca poner límites a los pluses salariales de los funcionarios públicos. El pago de sueldos de los burócratas es el mayor disparador del gasto público.

Si el gobierno no retira el plan del Congreso y los diputados continúan su tramitación, los sindicatos anunciaron una concentración \”multitudinaria\” en el centro de San José, protestas y cierre de vías en los alrededores de la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa.

La medida afectaría además el inicio del curso lectivo y la prestación de servicios de salud.

El proyecto Ley de Empleo Público que se tramita en el Congreso bajo el expediente 19.506 es una iniciativa de la liberacionista Sandra Piszk y plantea una serie de cambios a las remuneraciones.

El plan limita las anualidades, regula las convenciones colectivas y restringe la dedicación exclusiva. Su objetivo, según sus defensores, es equiparar las retribuciones económicas dentro del sector público y también en relación con el privado.

Su norte es reducir pagos desproporcionados e incentivar el ahorro en el gasto.

A pesar de que la medida no afectará las condiciones laborales de los actuales trabajadores, los sindicalistas insisten en que el proyecto atenta contra la clase obrera, les reduce el salario y les quita derechos conquistados al largo de años de lucha.