La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y desprotegidas.
Pese a que este 9 de agosto se les rindió homenaje a los pueblos originarios en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, lo cierto es que las cifras muestran un abismo social respecto a esta población.
Así, por ejemplo, nuestro país aún no concluye la consulta indígena que por años ha promovido el Poder Ejecutivo.
El plan de recuperación de territorios indígenas (Plan RTI) por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) tampoco avanza, pues los no indígenas que ingresaron de buena fe antes de la proclamación de la Ley Indígena de 1977 no han sido indemnizados por el Estado para que abandonen sus tierras.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) debe cubrir los 24 territorios autóctonos con apenas 5 fiscales especializados en esa materia, sin mencionar las demandas en los tribunales penales y agrarios, que no tienen fin por la apatía judicial y muchas veces hasta por el desconocimiento de los derechos que cobijan a esta población.
Mientras tanto siguen sin resolverse las muertes de Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera, líderes indígenas de Salitre y Térraba, respectivamente.
Ni que decir de la pérdida de ¢560 millones que le endosó el Ministerio Público a Rojas Ortiz por 19 delitos de administración fraudulenta.
Además 12 de sus compañeros de directiva en la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre aún deben rendir cuentas sobre el destino de esos dineros.
Aún así hay instituciones donde quienes dicen defender los derechos humanos alcahuetean la recuperación de tierras por las vías de hecho y no de derecho.
La Sala Constitucional ha dicho hasta la saciedad que esos métodos son ilegales y mantienen viva la llama del conflicto entre originarios y no originarios, indígenas y no indígenas.
El adoctrinamiento es consensuado por el Ministerio de Educación Pública, cuyos educadores no tienen el manejo cultural ni la cosmovisión de los pueblos autóctonos, pues en muchos casos ni siquiera hablan la lengua ni respetan su filosofía de vida.
Incluso facultades de sociología, antropología, oenegés y partidos políticos, creyéndose imparciales y sin pedírselo, siguen entrometiéndose y atizando la hoguera del conflicto en los territorios de la Zona Sur.
OPINIONES
DIARIO EXTRA consignó las declaraciones de algunos actores sociales sobre el tema.
Uno de ellos es Sonia Rojas, diputada del Partido Liberación Nacional, quien explicó que “la tierra debe dárseles a los indígenas porque les corresponde según la ley, pero acceder a la tierra por las vías de hecho afecta la estabilidad emocional y la de todos en un cantón como Buenos Aires, por ejemplo, que es el que más sufre actualmente.
Es una situación emocional integral y una dispersión política y económica que no se podría controlar. Lo que nos urge ahorita es que el gobierno ejecute el plan RTI de una vez por todas, o sea, que se llegue a un acuerdo significativo y real”.
Por su parte, la magistrada Damaris Vargas, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas y directora del Plan de la Política Pública para los Pueblos Originarios desde el Poder Judicial, dijo que \”está en desarrollo el Proyecto de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, el cual se desarrolla conforme a los altos estándares internacionales de los derechos humanos de esta población.
Son convenios internacionales en los que consagran estos derechos y que la Sala Constitucional ha dicho que están por encima de la Constitución Política.
Ellos nos dirán cuáles son los aspectos que podemos mejorar como administración de justicia para ofrecerles un mejor acceso a nuestros servicios\”.
Mientras que Ariana Céspedes López, fiscala de Asuntos Indígenas, explicó que para el Ministerio Público es de suma importancia proteger el derecho de contar con intérpretes, el cual asiste a todos los indígenas del país.
\”Con este se pretende que la persona que enfrenta el proceso, sea ofendida o imputada, comprenda y se haga comprender dentro del proceso. Que pueda comprender los distintos términos jurídicos ajenos a su cultura y que las personas que están atendiendo puedan entender y contextualizar elementos culturales que tienen injerencia dentro del proceso que se está llevando\”, manifestó.
HOJA DE RUTA
Precisamente este martes en Casa Presidencial el mandatario Rodrigo Chaves Robles giró una directriz que marcará la hoja de ruta para la población originaria.
El presidente en compañía de Gerald Campos, ministro de Justicia; Signe Zeikate, primera dama; Stephan Brunner; primer vicepresidente; Mary Munive, segunda vicepresidenta; Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública; y Sergio Sevilla, viceministro de Seguridad Pública, firmó la directriz que “crea la ruta para mejorar la atención de la población indígena de Costa Rica.
Serán incluidos, repararemos esa deuda histórica que nos llena de vergüenza y que nos ha separado como si fuéramos distintos, cuando en realidad todos somos costarricenses con anhelos y esperanzas comunes”, expresó Chaves Robles.