Deudores de pensión ya no irían a la cárcel
Como parte de las propuestas de seguridad
El Gobierno de Costa Rica presentó una serie de propuestas legislativas y reformas para robustecer la seguridad pública y la eficiencia del sistema judicial, entre las cuales destaca el proyecto de Ley de Monitoreo Electrónico por Apremio Corporal.
Esta iniciativa busca transformar radicalmente la manera en que el Estado gestiona a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, sustituyendo el centro penitenciario por una tobillera electrónica.
El objetivo primordial es que el deudor no pierda su vínculo laboral ni su capacidad de generar ingresos; de esta forma, el Estado garantiza que la persona produzca los recursos necesarios para ponerse al día, protegiendo siempre el interés superior de los menores de edad y su derecho fundamental a recibir alimentos.
El proyecto establece exclusiones claras para evitar que perfiles peligrosos evadan la justicia bajo esta modalidad.
No podrán usar tobillera electrónica personas vinculadas a delincuencia organizada, delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, delitos sexuales contra personas menores de edad, antecedentes de violencia doméstica o violencia contra las mujeres, casos con riesgo de evasión o incumplimiento y personas sin un domicilio fijo que permita el seguimiento técnico.
El uso de la tobillera electrónica estará sujeto al cumplimiento de obligaciones rigurosas. El periodo de monitoreo será equivalente al tiempo de apremio corporal ordenado por el juez.
El beneficiario debe mantener el aparato en perfecto estado, no alterarlo ni retirárselo y reportar cualquier falla de inmediato.
La persona perderá automáticamente dicho beneficio si deja de pagar la pensión por más de un mes, si daña el mecanismo electrónico o si incumple las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad judicial.
Si se revoca el beneficio por incumplimiento, el juez ordenará el traslado inmediato del deudor al Sistema Penitenciario Nacional. Sin embargo, la propuesta contempla una última oportunidad: Una vez en prisión, el afectado podrá solicitar una modalidad especial que le permita salir exclusivamente a trabajar, debiendo regresar a reclusión durante horarios específicos. Con esta serie de medidas, el Poder Ejecutivo busca implementar un mecanismo que también funcione para evitar hacinamientos carcelarios y evitar un cargo mayor para las arcas del Ministerio de Justicia.
Natalia Montero / Byron Agüero Ruiz