Deuda política privatizada

Si bien no parece un hecho palmario, de esos que saltan a la vista, imposibles de ignorar, lo cierto del caso es que ya va siendo hora de evidenciarlo: ¡privatizaron la política y de paso la democracia!

Y eso es grave, muy grave. Quizá la involución más severa que ha sufrido el republicanismo desde su fundación. No la más violenta, pero si la más grave.

La venta solapada de la República, la hipoteca encubierta de nuestra democracia, es mucho más peligrosa que la interrupción violenta de la institucionalidad. El expolio disimulado pasa desapercibido al común ciudadano, evitando las reacciones patrióticas oportunas que devuelvan el Estado al derecho. En cambio, un golpe o sitio, al menos no se esconde ni disimula y, en ese tanto, se suele combatir como lo que es, violencia institucional pura y dura, amenaza visible y directa a la coexistencia civil pacífica, para usar una expresión de Spinoza.

El golpe ha sido certero. Tanto que nadie ha reaccionado. Al menos no con el estupor -y de paso la valentía- que amerita semejante relajo. Incluso los partidos minoritarios –léase: de Liberación para abajo- han ladeado el problema, tratando de salvar la inmediatez de su marginal posición, apostando a diputaciones pírricas con total desinterés por el problema de fondo que se viene soslayando: la privatización de la deuda política y, con esta, de la política, es decir, de la democracia, considerando a Saramago al decir: “en democracia, políticos somos todos”.

Nuevos dueños. Hoy algunas encuestadoras, algunos bancos y algunas televisoras, se apropiaron de la democracia. Así, en ese orden, las encuestadoras direccionan el financiamiento, los bancos deciden cuánto y las televisoras, al final de la cadena, quién existe y quién no.

Y así se vive hoy una “fiesta” electoral falaz, que se baila sobre un suelo absolutamente disparejo, en el que el oficialismo entra resbalado a la tarima principal, mientras los demás se quedan fuera de foco, bailando sobre lija.

El riesgo ante tanta dificultad para financiarse es que, en su desesperación, algunas facciones –que se hacen llamar “partidos”- recurran a fuentes de financiamiento menos limpias, que comprometan la integridad de sus futuras decisiones públicas.

Que se les descubra y se les sancione o penalice, en vez de quedar impunes por esas forzadas operaciones financieras, tampoco es que sea un gran favor a la democracia. A fin de cuentas, ante el escándalo, la ciudadanía optará por retirarse aun más de todo lo que huela, suene o parezca político.
Es sabido que a este ritmo la política costarricense es más un cementerio de virtudes, un naufragio en barro, un asalto a la racionalidad. En última cuenta, un insulto al ciudadano consciente.

Los norteamericanos optaron –desde hace tiempo- por aceptar contribuciones privadas a las campañas electorales (Obama es producto, precisamente, de eso) siempre y cuando las cuentas declaradas sean muy pormenorizadas e igualmente publicitadas, para que los ciudadanos decidieran si estaban dispuestos a votar por el candidato financiado por aquellos -o estos- intereses, según indican las listas de contribuyentes que circulan con todo detalle y absoluta actualidad.

Aquí preferimos seguir maltratando las arcas públicas y comprometer al TSE en la misión imposible de atajar los goles que los partidos tratan de meter –y de seguro logran encajar más de una vez-. Y lo que es más absurdo e incluso ridículo, casi elocuente de la total ausencia de lógica con que se maneja la cosa pública en este país, es que aquí permitamos que el compromiso con el contribuyente privado se genere al tener los aspirantes que acudir a créditos y limosnas para poder pautar en televisión y financiar los demás gastos secundarios, en el compromiso de reponer lo prestado o mendingado cuando el TSE autorice pagar, con posterioridad a los comicios.

No, no, no. Así no va. Si la deuda es pública, por imperativo lógico ha de ser adelantada. La norma implícita en ese sistema (financiamiento estatal) es evitar condicionamientos. Y ello solo se logra si los aspirantes no tienen que recibirle dinero a nadie más que al Estado, es decir, a la ciudadanía como un todo que así compromete a sus eventuales representantes para que atiendan solo el interés público y no el de aquellos privados que les tendieron la mano y posibilitaron, realmente, con sentido de oportunidad, su llegada al poder.

Reforma imperativa. Independientemente de lo que digan algunos “expertos” en derecho electoral que limitan su creatividad a servir de caja de resonancia de lo que se pone en práctica primero en otros países con mayor atrevimiento que el nuestro, los partidos de oposición que arriben a la Asamblea Legislativa tienen como principal encargo, como reto central y eje transversal de todo su trabajo, acometer la tarea de una verdadera reforma electoral. Verdadera en tanto democratizante.

Reformas que habrán de optar por un sistema de financiamiento de la política que invierta la lógica de este relajo en que encuestas maleables, disfrazadas de un falso cientificismo, banqueros sin escrúpulos ni cultura cívica y unos cuantos empresarios televisivos que se negaron a ceder el uso del espectro radioeléctrico –por el que pagan una ridiculez- para abaratar la campaña electoral, se consoliden como los dueños de la democracia.

*Abogado. [email protected]