
Los vecinos del cantón central de San José recibieron una amarga sorpresa al ver que la Soda Tapia, icónicamente ubicada a un costado del Parque Metropolitano La Sabana y cerca del Barrio Nunciatura en Rohrmoser, se encontraba cerrada y con demarcación de clausurada.
A raíz de dicha suspensión de los permisos, emitidos por la Municipalidad de San José, Diario Extra se puso en contacto con el gobierno local, quienes explicaron que la revocatoria se debe a una deuda pendiente que supera los ¢9 millones, y que arrastran los establecimientos desde hace cuatro años.
“El negocio presenta una deuda pendiente por concepto de patente correspondiente al período comprendido entre el año 2021 y el segundo semestre del año 2025, con un monto total adeudado de ¢10 millones. A la fecha, únicamente se ha registrado un aporte de ¢1 millón como parte de un arreglo de pago por esa deuda pendiente”, expresó la oficina de prensa del municipio.
Sin embargo, esta no es la única problemática que obligó al cierre, ya que el gobierno local comentó que el establecimiento de Sabana contaba con los permisos sanitarios vencidos desde marzo del presente año.
“La primera visita se llevó a cabo el día 21 de marzo, donde se constató que el establecimiento contaba con el permiso de salud vencido desde el 10 de marzo, por lo que se otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación, no obstante, al efectuarse una nueva visita el 8 de abril, se evidenció que el establecimiento no había renovado el documento, permaneciendo en condición irregular”, acotaron a Diario Extra.
Pese a que se intentó conocer la posición del negocio ante dicho cierre, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.
Negocio moroso
Mediante una búsqueda realizada por Diario Extra, se confirmó que los establecimientos de Soda Tapia, bajo la cédula jurídica 3 101 009811, se encuentran morosos ante la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y el Ministerio de Hacienda.
En la entidad financiera, el negocio acumula una deuda que supera los ¢719 millones con el ente sanitario y que se encuentra en cobro judicial, mientras que en materia tributaria superó los ¢243 millones con respecto al Impuesto de Valor Agregado, IVA.