
Internacionales
Buenos Aires. (EFE) – La Policía de la provincia argentina de Córdoba detuvo a un sacerdote acusado de “abuso sexual ultrajante” contra una mujer de 46 años en el despacho personal del párroco, perteneciente a la congregación de origen alemán Schoenstatt, según informaron fuentes judiciales.
“La Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba, a cargo de Juan Ávila Echenique, detuvo a un sacerdote de 58 años, párroco de la congregación de Schoenstatt imputado de abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto”, indicó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal cordobés.
Según fuentes judiciales, la detención se realizó el sábado, después de que la víctima denunciara el abuso, que tuvo lugar en las oficinas del acusado tras una celebración religiosa.
La detención se llevó a cabo en la sede de la congregación, ubicada en la capital cordobesa, y hasta el momento la sede Schoenstatt no se ha pronunciado al respecto.
El cura podría enfrentar penas de entre ocho y 20 años de prisión, dependiendo de si “el abuso hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima; y cuando hubiere acceso carnal”.
También “si el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda”, según el artículo 119 del Código Penal.
Una semana atrás, un caso de abuso sexual de menores estremeció a Brinkmann -pueblo ubicado a272 kilómetros de la capital cordobesa-, donde una niña de 8 años fue encontrada entre los restos de un incendio, pero la autopsia reveló signos de abuso y traumatismo craneal como causa de muerte.
La muerte de la pequeña, identificada como Aralí Vivas, es investigada por la justicia como “homicidio calificado por el vínculo” y hasta ahora tiene detenida a la madre, Rocío Milagros Rauch, de 28 años, considerada partícipe necesaria junto a su pareja, Ezequiel Simeone, de 33 años, y un amigo de este, Cristian Hernán Varela, de 40 años, sospechados de ser los autores materiales.
Según el fiscal a cargo del caso, Óscar Gieco, “la mataron para tapar un delito precedente”, que en este caso sería el abuso sexual.
Gieco estudia agravar la imputación a “homicidio criminis causa”: matar para ocultar otro delito con una pena en expectante de prisión perpetua.