Detienen funcionario del Inder por presunta extorsión
Policía Judicial lo detuvo junto a otro sujeto en Corredores
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Un funcionario del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) fue detenido por presuntamente participar en una extorsión relacionada con un terreno que fue adjudicado por dicha institución en el cantón de Corredores, Puntarenas.
La detención se produjo tras una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en cuatro puntos de Paso Canoas y La Cuesta de Corredores.
La operación comenzó a las 4:00 a. m. e incluyó dos viviendas, un parqueo y una oficina pública.
El funcionario, identificado con el apellido Romero y de 24 años, fue detenido al igual que un masculino de apellido Beita, de 38 años.
Según informaron las autoridades, la investigación judicial arrancó en septiembre de 2024, tras una denuncia interpuesta por la ofendida, quien tenía en su poder un terreno otorgado en concesión por dicha entidad.
En apariencia, la mujer habría solicitado un crédito informal y, tras atrasarse con los pagos, fue presionada para ceder el terreno como forma de cancelación de la deuda.
Según la pesquisa, Romero habría colaborado activamente para facilitar el traspaso de esa propiedad a favor del prestamista.
Las autoridades sospechan que el objetivo era formalizar la transferencia a nombre del presunto acreedor con apoyo interno desde la institución pública.
Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron cinco armas de fuego, entre ellas un fusil tipo AR-15, varias pistolas y revólveres, así como una importante suma de dinero en dólares.
Ambos sujetos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares correspondientes.
¿Qué dice Inder?
Tras conocerse la detención, el Instituto emitió un comunicado donde señalaron que brindarán “toda la colaboración e información necesaria a las autoridades encargadas del trámite correspondiente”.
“El Inder reitera su compromiso con la transparencia en la función pública y rechaza categóricamente cualquier acto tendiente a violentar el ordenamiento jurídico costarricense”, señaló la institución.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad o actuación anómala por parte de su personal.