A dos mujeres y un hombre los madrugó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las 6 a.m. de este martes en Calle Blancos, por figurar como sospechosos de infringir la Ley de Protección al Adulto Mayor, debido que valiéndose de una supuesta amistad lograron extraerle más de 11 millones de colones a una señora de 92 años.
Los efectivos del OIJ ejecutaron las indagaciones pertinentes y finalizaron con la detención de esta familia conformada por madre, hija y la pareja de la progenitora.
El allanamiento se hizo bajo la dirección funcional del Ministerio de Seguridad Pública.
OPERACIÓN
De acuerdo con informes preliminares de la Policía Judicial, los actos delictivos se iniciaron en enero del año pasado. La madre de esta familia tiene 56 años y trabajaba cerca de la casa de una señora de 92 años, quien figura en condición de víctima del presunto delito.
Supuestamente, la mujer logró forjar una amistad con la adulta mayor y conforme pasaron los días la señora le tomó cariño. Con el tiempo, la femenina habría conseguido que la anciana depositara toda su confianza en ella, pero nunca imaginó que iban a utilizarla como expendedora de dinero.
La señora de 56 años logró entrar tanto en la vida de la adulta mayor que incluso la acompañaba a retirar dinero de su cuenta y en una de esas diligencias la llevó para que obtuviera una tarjeta de débito, la cual los sospechosos utilizaron para sacar dinero en diferentes cajeros automáticos, en el este y oeste de San José.
DECOMISO
Los agentes del OIJ se presentaron desde muy temprano para rodear la casa de habitación e ingresar a efectuar el allanamiento. Una vez dentro de la vivienda, esposaron a los confianzudos y revisaron la casa con ellos dentro.
Durante esta acción, fue posible incautar teléfonos celulares, así como pantallas de televisión y vestimentas importantes para las pesquisas, que se cree adquirieron con el dinero robado.
También confiscaron documentos que se encuentran a nombre de la señora y otros que se relacionan con su pensión. El trío de presuntos estafadores fue enviado con un informe al Ministerio Público, donde se les determinará su situación jurídica.