Un total de ocho funcionarios judiciales fueron detenidos por diversos delitos durante la última semana en varios allanamientos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El primer caso ocurrió en Puntarenas, cuando un administrativo fue detenido como sospechoso de vender droga, y el segundo en Limón, cuando un juez penal fue allanado por delitos relacionados con drogas y pornografía infantil. A estos se suman seis funcionarios relacionados con una investigación en el Juzgado Penal de La Unión, Cartago. Tres de ellos son fiscales y los otros tres jueces.
Aunque podría decirse que se está enviando una mala señal desde lo interno de las autoridades que erosionaría la confianza de la ciudadanía, Michael Soto, subdirector del OIJ, aseguró que están en un proceso de saneamiento de la institución.
“Es un tema complejo. Las personas que tienen principios y valores que están en la función pública deberían ser honestas y transparentes (…) Pero también tenemos que decir que el 99% de los jueces de este país son gente honesta y trabajadora.
Hay jueces que están ordenando estos allanamientos y ordenarán algún tipo de medidas cautelares; evidentemente hay problemas y no lo vamos a negar, el mensaje es que hay una lucha de una parte del Poder Judicial en contra de la corrupción”, declaró.
Soto agregó que no todo está perdido y que vendrán más detenciones. “Seguimos trabajando y yo creo que ese es el mensaje. El Poder Judicial reconoce que hay un problema, pero está tomando las acciones necesarias para solucionarlo”, expresó.
Por su parte, Karen Valverde, fiscal subrogante de la Fiscalía General de la República, dijo que en el Poder Judicial deben estar atentos a esta “contaminación de la corrupción” en la institución. “Todos tenemos que estar cuidadosos y alertas por estos casos. Me parece que este mensaje va para todos los funcionarios judiciales”, manifestó.
RECLUTAMIENTO
Mejores y mayores controles en los procesos de reclutamiento y selección deberían aplicarse en el Poder judicial, de acuerdo con Soto y Valverde.
“No es sencillo hacer un perfil de casos de corrupción porque esto puede ser una génesis posterior, porque son funcionarios que han trabajado por años en el Poder Judicial, por lo que no es importante solo al inicio, sino mantener controles efectivos dentro del desarrollo de la función”, añadió Valverde.
“Yo creo que los procesos de selección deben ser más rigurosos en el caso de los jueces. En el OIJ somos muy rigurosos y aun así a veces nos pasan este tipo de cosas”, acotó Soto.
REACCIONES
Damaris Vargas, presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial cuenta con rigurosos mecanismos para este tipo de investigaciones.
“Las acciones desarrolladas a lo largo de esta semana por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, con la instrucción de jueces y juezas, evidencian que los controles internos judiciales funcionan para detectar los posibles focos de corrupción, que lamentablemente involucran a personas juzgadoras”, dijo Vargas.
Mientras que Silvia Arce, presidenta del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), aseguró que es alentador saber que, aunque se trate de funcionarios judiciales, se lleven a cabo este tipo de investigaciones.
“Lo bueno para la ciudadanía es que observen, que a pesar de que sean funcionarios judiciales, igual se realizan las investigaciones de presuntos delitos”, aseguró.
Asimismo, indicó que es importante respetar el principio de inocencia de estos funcionarios judiciales y esperar que los casos lleguen a juicio o sentencia.
EL CASO TOPO
Un total de ocho allanamientos realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en diversos puntos con el fin de detener a seis funcionarios judiciales, tres jueces y tres fiscales.
El Juzgado Penal, la Fiscalía, el Juzgado de Tránsito, la Fiscalía de Flagrancia, Tecnología del Poder Judicial y tres casas fueron intervenidos por los agentes judiciales.
Las acciones se concentraron en el Juzgado Penal de La Unión para tratar de comprobar posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, cohecho propio, divulgación de secretos y legitimación de capitales.
Uno de los fiscales es del Juzgado Penal de La Unión, otro del Segundo Circuito Judicial de San José y el tercero de Narcotráfico, mientras que los jueces son dos penales en Tres Ríos y una jueza del Juzgado de Tránsito de Desamparados.
El caso empezó por la investigación del homicidio de Luis Diego Ulloa Rodríguez, exjuez de La Unión, ejecutado por dos sicarios en una motocicleta.
A raíz de este asesinato se inició una investigación sobre fuga de información y con funcionarios judiciales que terminó con otra serie de presuntos delitos relacionados con corrupción.
“Posterior a esa investigación, que estamos desarrollando por aparte, y esperamos en algún momento clarificar, se determina toda esta vinculación con sus excompañeros de trabajo, que ayudaban a facilitar los procesos que él llevaba en contra de algunas estructuras criminales importantes de La Unión”, dijo Soto.
Una de las personas detenidas es la hermana de Ulloa Rodríguez, acusada del delito de legitimación de capitales y es fiscal del área de Narcotráfico en San José, lo que causó mayor preocupación en el OIJ.
Según trascendió, la mujer es investigada por recibir y entregar dineros a las personas que le hacían favores a su hermano.
La investigación contra estos jueces y fiscales es bastante robusta, por lo que los allanamientos pretendían detener a las personas y recopilar documentación extra sobre este caso.
“Toda esta obtención de información surge a través del homicidio, donde logramos encontrar que él defiende a algunas de las principales estructuras criminales de esta zona, y el contacto con estos funcionarios del Juzgado y Fiscalía le facilitaba su labor para modificar documentos o recibir algún tipo de privilegios”, agregó Soto.
El subdirector del OIJ adelantó que tienen en la mira otros funcionarios judiciales, en otro caso, y que próximamente habrá más acciones para atacar la corrupción dentro del Poder Judicial.
Karen Valverde
Fiscal subrogante de la Fiscalía General de la República
“Esto es un llamado para los funcionarios judiciales de mantenernos alejados de personas que, aunque las conozcamos, tenemos la obligación de no estar opinando o aconsejando sobre trámites”.
Damaris Vargas
Presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia
“Garantizamos a la ciudadanía la pureza de los procesos en marcha, en cumplimiento de los principios constitucionales, desde transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. En el Poder Judicial estamos trabajando por cero tolerancia a la corrupción”.
Michael Soto
Subdirector del OIJ
“Lamentablemente hay una fuga de talentos, personas que buscan un mejor estatus se van a trabajar a lo particular y este trabajar en lo particular hace llamativo y cuantitativo trabajar con el narcotráfico”.