El Ministerio Público confirmó hace pocos minutos que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la detención de 8 altos funcionarios y exfuncionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Fiscalía Anticorrupción confirma la detención de 8 altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS en el período febrero 2023-junio 2024. Los imputados son de apellidos Esquivel, Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós”, indicó la autoridad.
Entre las detenciones destaca la de la presidenta de la CCSS, de apellido Esquivel, quien se presentó de manera voluntaria a la Delegación del OIJ en Pérez Zeledón, según indicó la institución.
“La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, se presentó de manera voluntaria al Ministerio Público para las gestiones que correspondan. En este momento se encuentra a disposición de las autoridades judiciales”, comunicó la Caja.
¿Por qué el OIJ allanó oficinas de la CCSS?
El OIJ explicó que realizaron un total de 28 allanamientos en casas de habitación, oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y varias cooperativas de salud, esto por los aparentes delitos de Influencia en Contra de la Hacienda Pública, Tráfico de Influencias y Prevaricato.
Dicha investigación habría dado inicio a principios de 2023, cuando al parecer miembros de la Junta Directiva de la CCSS anularon un cartel de licitación y, a su vez, realizaron un nuevo procedimiento en el que supuestamente estas personas habrían ejercido controles y aportes con la finalidad de modificar las condiciones de este acuerdo bajo los intereses de varias cooperativas de salud, que se encargarían de la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) del país.
“Lo anterior se dio pese a un estudio financiero elaborado por el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, donde se indicaba que los precios de las ofertas presentadas eran excesivos, pues significaban un aumento aproximado del 33%, por lo que le saldría más costoso a la institución brindar el servicio, y esto no se apega al principio de menor costo, que faculta la contratación de terceros para brindar el servicio de salud”, añadió el OIJ.
La Junta de Adquisiciones de la CCSS brindó recomendaciones y declaró como infructuosa dicha contratación. Los imputados, a sabiendas del perjuicio económico que sufriría la institución, aparentemente procedieron a aprobar dichos contratos y dejaron de lado los criterios técnicos.
Debido a estas aparentes irregularidades, las autoridades desarrollan varias diligencias en San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas, donde se pretende decomisar evidencia de relevancia para esta investigación.
