Detención de Stockwell reabre debate sobre controles al dinero que entra en política
PLN impulsa investigación legislativa y oficialismo dice estar dispuesto a revisar financiamiento
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La detención del productor Don Frederick Stockwell Ulloa en el denominado “Caso Éxodo” terminó por trasladar parte de la discusión desde los estrados judiciales hasta la Asamblea Legislativa, donde ahora se plantea investigar el financiamiento de los partidos políticos y los controles existentes para determinar de dónde provienen los recursos que ingresan a las campañas electorales.
El Partido Liberación Nacional (PLN) presentó una moción para impulsar una comisión investigadora, mientras desde el oficialismo se manifestó apertura para que se indague el financiamiento político, independientemente de las agrupaciones involucradas.
El episodio ocurre después de conocerse que Stockwell tuvo participación como contribuyente en procesos electorales y, más recientemente, realizó aportes en especie a Unidos Podemos durante 2025.
No obstante, hasta ahora no hay elementos que vinculen las contribuciones políticas reportadas por Stockwell con las operaciones que investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Cerrar los portillos”
La diputada liberacionista Diana Murillo considera que el caso debe servir para revisar las debilidades de la legislación.
“Tenemos una gran responsabilidad y es cerrar los portillos existentes para que el narcotráfico no se infiltre en los partidos políticos, en las estructuras y en el Gobierno. Si eso está pasando hoy es porque tenemos leyes débiles”, afirmó.
Murillo aseguró que una eventual investigación legislativa no debería limitarse a ninguna agrupación en particular.
Según la legisladora, la preocupación debe extenderse a la eventual capacidad que podría adquirir el crimen organizado para incidir sobre decisiones públicas.
“Este dinero está siendo utilizado no para infiltrarse en partidos políticos o el Gobierno, sino para poder tener control sobre las decisiones del Estado costarricense y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.
La diputada del partido Frente Amplio (FA), Sigrid Segura también planteó la necesidad de endurecer la fiscalización.
“Tiene que fortalecerse más los controles, la fiscalización y el financiamiento a los partidos políticos. Muchas veces lo que pasa es que hay partidos que evaden los controles e incluso prefieren no recibir deuda política con tal de no rendir cuentas”, manifestó.
Más que registrar nombres
Para la politóloga Kattia Benavides, lo ocurrido abre una discusión que supera el expediente judicial particular y advierte que una investigación judicial por legitimación de capitales no significa automáticamente que recursos ilícitos hayan financiado campañas políticas.
“El riesgo no necesariamente está en una donación que aparece abiertamente registrada. El riesgo puede estar en quién está detrás del dinero, cuál es su origen y qué tipo de influencia puede generar dentro de la política”, explicó.
El analista político Sergio Araya coincide en que la trazabilidad representa uno de los principales retos del modelo costarricense de financiamiento mixto.
Recordó que el Código Electoral de 2009 introdujo herramientas para auditorías, investigaciones y cruces de información, pero considera que todavía quedan vacíos.
“Aún hay mucho por hacer y hay muchas todavía posibilidades de portillos abiertos a través de los cuales se puede obviar o pasar por alto esos controles ya establecidos”, señaló.
Contactos bajo escrutinio
La investigación también puso atención pública sobre los contactos políticos de Stockwell. Esta semana estuvo en la Asamblea Legislativa durante una visita relacionada con representantes vinculados al productor Quincy Jones y conversaciones sobre la eventual presencia del rapero Snoop Dogg en una actividad.
La diputada Esmeralda Britton explicó que la reunión fue coordinada por uno de sus asesores y negó que Stockwell gestionara algún proyecto particular.
“Él estuvo ahí, no hubo como ninguna coordinación ni una petición de algún proyecto específico”, aseguró.