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La Contraloría General de la República (CGR) detectó 1.022 casos con presuntas irregularidades en entregas de víveres a una misma persona beneficiaria por más de una vez.
El dato se desprende de la Auditoría de Carácter Especial sobre las acciones y controles realizados por los actores involucrados en la distribución de víveres en 15 cantones.
El segundo reporte del ente contralor incluye el análisis de los cantones de Desamparados, Tibás, Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán.
El objetivo del análisis fue determinar si las acciones y controles vinculados con la distribución de los víveres por la emergencia sanitaria del Covid-19 se ajustan al marco normativo y técnico aplicable para garantizar la transparencia y apoyar la rendición de cuentas.
SIN CONTROL
De acuerdo con la CGR, no hubo un control que defina de manera formal y uniforme la pertinencia de dichas condiciones.
El informe citó a Tibás con 519 de esos casos, Desamparados con 235 y San Rafael con 116.
En tanto, el ente contralor definió que existe el riesgo de que ciudadanos de otros cantones se vean limitados a recibir únicamente un paquete o dejar de percibir víveres aún cuando cumplan con los requisitos.
Indicaron que eso podría acabar en una menor cobertura en relación con la entrega de los paquetes de víveres.
De acuerdo con la información de los comités municipales de emergencia fiscalizados, en la distribución y entrega de víveres no existe uniformidad en cuanto a la cantidad de paquetes que puede recibir una misma persona o núcleo familiar.
De los 13 comités municipales de emergencias que suministraron información, seis indicaron que la CNE instruyó que corresponde entregar un único paquete de víveres a cada persona beneficiada.
Mientras que siete mencionaron que no tienen conocimiento de la cantidad permitida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); por su parte, La Unión y Matina no aportaron estos datos.
Entre marzo y agosto de 2020, los comités municipales, centros educativos y centros de cuido y de desarrollo infantil de los 15 cantones que abarca la auditoría destinaron ¢6.188 millones en la entrega de 89.000 paquetes de víveres.