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La auditoría interna del Banco Popular y de Desarrollo Comunal habría encontrado miles de inconsistencias en los procesos que utilizan las organizaciones sociales para elegir a sus representantes ante la Asamblea de Trabajadores, máximo órgano de la entidad.
Se dice que algunas de estas organizaciones pudieron inflar la lista de sus adeptos con personas fallecidas y gente que ni siquiera estaba afiliada a la organización.
El informe sería enviado próximamente al Gobierno para que tome las consideraciones correspondientes, pues la administración Chaves Robles quiere que exista un control sobre los afiliados verdaderos a las organizaciones para que exista una representatividad real.
Las organizaciones incluyen a solidaristas, artesanas, comunales, cooperativistas, representantes del magisterio nacional, sindicalistas, profesionales, solidaristas y trabajadoras independientes. Sin embargo, las anomalías no serían generalizadas.
Fuentes allegadas a este medio indicaron que el documento próximamente se haría público y que la mayor parte de las inconsistencias estarían en el magisterio y las cooperativas.
La Presidencia de la República, liderada por el presidente, Rodrigo Chaves, y el Ministerio de Trabajo, presentaron el decreto 43.638-MP-MTSS, el cual hace una reforma parcial al Reglamento de Acreditación de Delegados a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, esto para ordenar un poco la casa. No obstante, dicha norma no establece un mecanismo para fiscalizar la elección.
Es por eso que una de las recomendaciones de la auditoría es que el Ministerio de Trabajo pida a las organizaciones que remitan las listas de sus miembros con una certificación que tenga fe pública, es decir que haya sido acreditada por un notario.
Falta por ver si la cartera a cargo de Luis Paulino Mora, ministro a.i. del ramo, acoge este criterio.
Durante la administración del Presidente Luis Guillermo Solís se sacó la participación del Ministerio de Trabajo en la fiscalización y ahora se retoma.
Para llegar a esta certificación, primero habría que realizar un censo por parte de las propias organizaciones, pues el procedimiento implica que sean estas las que entreguen la información al banco. Si bien este último debería cotejar la veracidad de las bases de datos, esto no se aplica por disposición de un decreto.
Hasta que no se realice la asamblea, el Poder Ejecutivo es quien tendrá el control del banco, algo que según allegados a la entidad financiera podría extenderse por más tiempo del previsto.
¿CÓMO SE CONFORMA?
290 personas fungen como delegadas ante la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Estos representan a los dueños y dueñas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de ahí la importancia del peso de cada una de las organizaciones. Su nombramiento es por un periodo de cuatro años y al mismo tiempo nombran un directorio.
Entre sus funciones están:
Establecer la dirección estratégica del Banco Popular.
Fiscalizar las acciones realizadas por la institución.
Designar a cuatro integrantes de la Junta Directiva Nacional.
Pronunciarse sobre temas de interés para el Conglomerado Financiero.
Fuente: Banco Popular