Destrabarían inversión en centros educativos ubicados en parques nacionales

Un dictamen positivo emitió la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia sobre el proyecto de ley que busca habilitar la inversión del Ministerio de Educación Pública (MEP) en centros educativos ubicados dentro de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del territorio nacional.

Actualmente, la Ley N.º 6084, Ley del Servicio de Parques Nacionales, establece en su artículo 12 la prohibición de otorgar permisos de construcción dentro de estas áreas. 

“No pueden otorgarse concesiones de tipo alguno para la explotación de productos de los parques nacionales, ni otorgarse permiso para establecer otras instalaciones que las del Servicio”, indica la norma.

Esta disposición limita la inversión en infraestructura en dichas ubicaciones, que se concentran principalmente en provincias costeras.

El proyecto, tramitado bajo el expediente 24.713 y presentado el 21 de noviembre de 2024 por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, señala en su exposición de motivos: “Los centros educativos aquí señalados ya existen y preceden la creación de las ASP en las que se ubican, por lo que es obligación del Estado
garantizar el derecho a la educación de calidad e inclusiva a la población estudiantil que ahí radica. Pese a que
el MEP cuenta con la institucionalidad y los medios para llevar a cabo los procesos de construcción, remodelación y ampliación de infraestructura, como ente obligado debe contar con la autorización legal para invertir en infraestructura”.

Carlos Felipe García 

Diputado PUSC 

“Hemos hecho un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación y el principio de no regresividad ambiental. Este proyecto surge tras una visita a una escuela en San Gerardo de Dota. La institución se fundó en 1970, pero en 2001 se fijaron los límites del parque nacional y la escuela quedó incluida dentro de esa área, por lo que no se puede invertir ni un solo colón”.

Desarrollo del proyecto

La propuesta legislativa busca autorizar a la cartera educativa para intervenir en la construcción, remodelación y ampliación de infraestructura en centros educativos ubicados dentro de ASP. 

La iniciativa establece que estas acciones deberán coordinarse con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y ajustarse a los planes de inversión definidos para tales efectos.

Asimismo, contempla la incorporación de la viabilidad ambiental y la aplicación de mejores prácticas en infraestructura sostenible, adaptadas a las particularidades de cada área protegida. 

Jonathan Acuña 

Diputado Frente Amplio 

“El proyecto en discusión apunta a buscar una solución para esos casos ya existentes. Busca dar cabida a la inversión en remodelación, porque, así como existe el derecho ambiental, también está el derecho fundamental a la educación. Esto es únicamente para los centros ya existentes”.

El proyecto también señala que la institucionalidad vigente del MEP, a través de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), o bien el órgano ministerial competente en financiamiento de infraestructura, será la encargada de cubrir las inversiones requeridas.

No obstante, la iniciativa aclara que no pretende habilitar nuevas construcciones, sino brindar una solución a casos ya existentes, donde incluso las propiedades figuran a nombre de juntas de educación o del propio MEP.

Según datos de la DIE, 15 cantones cuentan con centros educativos ubicados dentro de ASP. 

Puntarenas concentra el 63,5% de estos casos, seguido de Guanacaste con 20,3% y Limón con 16,2%.