La situación alimentaria de Costa Rica es preocupante, aunque es cierto que ya no tenemos los problemas de desnutrición infantil y de hambrunas generalizadas no podemos dejar de lado una realidad imperante, la pobreza que vive nuestro país que bien supera el veinte por ciento, además de que la cifra de pobreza extrema es más que preocupante, esta es la mayor amenaza a nuestra sociedad y el Estado se ha encargado de perpetuar esta situación regulando precios de alimentos y por supuesto gran parte de esto por medio del Consejo Nacional de la Producción.
Durante esta pandemia ha sido más visible la situación de las compras públicas a la institución, debido a que el CNP ha encarecido de manera importante el costo de los alimentos que compra el Estado para ayudar a alimentar a las familias más necesitadas de nuestro país, es decir, ha ganado por darle menos ayuda a las personas que más lo necesitan. Los sobreprecios a los diarios que reparte el Ministerio de Educación significan un grave daño a las personas que realmente necesitan, a quienes perdieron sus trabajos durante la pandemia, durante estos dos años hemos visto en notas de este diario cómo el expresidente de la institución fue llamado a dar cuentas, cómo se ha impuesto sobreprecio en bienes básicos, desde arroz, frijoles, huevos hasta atunes, que son vendidos por el CNP más caros que en cualquier supermercado de lujo de este país.
Una institución que es tan ineficiente para tener esos costos de ventas tan elevados no solo atenta contra todas las reglas de una buena Administración Pública, también atenta contra la alimentación de las personas más necesitadas y vacía la fundamentación misma del Estado, ya que lo que supuestamente fue creado para proteger termina enriqueciendo a un grupo pequeño de productores y pagando infladas planillas de los empleados que contrata la institución, esos son quienes realmente se enriquecen a costa de los más pobres de nuestro país y todo facilitado por la administración pública.
Cuando el aparato público no hace más que desproteger a las poblaciones más necesitadas no queda otra que aceptar inequívocamente que el Estado no cumple con sus obligaciones más básicas, cuando crea un daño al contribuyente vendiendo producto más caro comete una grave falta contra la hacienda pública, pero dañar activamente a las personas que más necesitan la donación de comida para poder enfrentar esta realidad tan terrible no tiene palabras que puedan ser publicadas y esto con tal de mantener una planilla inflada y beneficios excesivos a los funcionarios en contra de las personas más pobres es carecer de cualquier calidad humana.
Cualquier defensa sobre la situación actual de las ventas de producto del CNP al Estado carece de reflexión sobre la realidad de las personas de nuestro país, el mercado es capaz de generar precios bajos y mejores productos para las personas, nos ahorraría la hinchada planilla estatal y daría mejor calidad de vida a los receptores de productos, debido a que con el mismo dinero podrían recibir más y mejor producto. Beneficiar la competencia es una excelente herramienta para mejorar la vida de las personas y la evidencia empírica y doctrinal apoya esta aseveración, mientras mantengamos estos monopolios caros e innecesarios perdemos todos, especialmente quienes menos tienen.
No ha existido en estos dos años un plan real para solucionar esta situación, el CNP tiene pérdidas millonarias desde hace años, vende más caro y los políticos siguen teniendo el descaro de no realizar un cierre de la institución que tanto daño crea a nuestra sociedad. Debemos exigir el cierre inmediato de esta institución y pasar a que esas compras públicas sean administradas dentro del sistema de compras públicas, de manera pública y que además compitan todos los oferentes posibles para asegurar así un precio justo para el contribuyente.