Alrededor de ¢4.447 millones paga el Estado solo por las comisiones de créditos externos, cuyo grado de ejecución es mínimo.
La denuncia la hizo el notable Mario Redondo con base en información de la Contraloría General de la República (CGR).
Las comisiones de compromiso las establece la mayoría de los organismos financieros en sus líneas de crédito y se empiezan a devengar generalmente a partir de la suscripción del contrato.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el país cuenta actualmente con $4.300 millones (¢2,4 billones) en préstamos externos.
Sin embargo, de ese monto todavía queda por desembolsar un 56%, lo que llama la atención del órgano contralor.
Otros retrasos en los proyectos agregaron costos adicionales por la suma de $269 millones (¢152 mil millones).
La mayor deuda se tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centroamericano de Integración Económica.
Entre los préstamos sin ejecutar está el crédito para mejorar la estructura en aduanas, infraestructura en transporte, ampliación de la ruta 32, el proyecto geotérmico Boriquen y rehabilitación de infraestructura deportiva, cuyo grado de avance es cero.
Otros con lentitud de avance son el programa para saneamiento del agua, fortalecimiento del seguro universal de la Caja y optimización energética en la GAM.
El órgano contralor determinó que la inversión pública resulta fundamental para lograr el crecimiento económico, la competitividad del país, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.
“El correcto manejo y ejecución de dichos empréstitos incide en el bienestar social de la población, en áreas como transporte e infraestructura, la educación, la salud y ambiente”, señaló la Contraloría.
Un total de 30 préstamos componen la cartera de créditos externos, en 24 el gobierno funge como deudor o garante y en los otros seis es la institución propiamente quien ejerce dicho papel.