Un exoficial de la Fuerza Pública identificado como José Francisco Vindas Fallas, con más de 20 años de servicio y un expediente intachable, ahora sufre de depresiones, crisis económica y la descomposición de su hogar tras señalamientos por el delito de peculado contra la función pública. Pese a que la causa fue desestimada por el Ministerio Público, se le aplicó el artículo 140, con el que el Ministerio de Seguridad despide a sus oficiales por pérdida de confianza ante casos como el que se detalla.
En 2015, la vida del exoficial Vindas dio un giro de 180 grados cuando la fiscal auxiliar de Nicoya, Leyla Flores Badilla, presentó una acusación por el delito de peculado en perjuicio de los deberes de la función pública, acusación presentada el 30 de noviembre al Tribunal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en Materia Penal de Hacienda.
Al expolicía se le acusa de utilizar una unidad policial para trasladarse a un sector de Puntarenas con unos medicamentos para su novia de entonces, con la autorización de su jefe inmediato y dos compañeros a cargo de la unidad policial.
Tres meses después, en febrero de 2016, la misma fiscal de Nicoya, Flores Badilla, presenta al tribunal un oficio en el que se detalla una serie de inconsistencias en los elementos de prueba que debilitan la acusación y que prácticamente exoneran al oficial de los hechos que lo señalan.
“(…) en la causa de marras se remite un proyecto de acusación, que no se refrenda, en virtud de que estimamos que la investigación no se encuentra concluida, además de que el proyecto de acusación enviado, contiene errores de tipificación, y por ende de redacción”, reportó la fiscal del caso, Leyla Flores.
En esa ocasión, la fiscal argumentó que existían vacíos en el proceso, falta de pruebas y deficiencias en la investigación que no permitían juzgar al oficial, de modo que se solicita desestimar la causa.
DESPIDO
Meses después, el 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública comunicó al oficial Vindas el acuerdo número 2016-263MSP, en que el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el exjerarca de la cartera, Gustavo Mata, le comunicaban la baja policial amparados en las atribuciones que les da el artículo 140 inciso 1) de la Constitución Política.
“Resulta altamente perjudicial para la institución el descenso que se produce en los niveles de satisfacción ciudadana y la pérdida de credibilidad en la institución policial como servidor confiable, eficaz, apreciado y respetado por la ciudadanía, cuando uno de sus funcionarios trae a menos esa imagen por estar vinculado con el delito de ‘peculado’, según expediente judicial 14-000776-0414-PE, causando un serio de deterioro a la Fuerza Pública”, asevera el documento que le compartieron al oficial en el momento de su despido.
El texto aduce que el despido se justifica ante las pruebas y los elementos de convicción, que las anteriores autoridades consideraron suficientes para separar al policía de sus funciones, aun cuando 10 meses antes fueron desestimadas por la Fiscalía.
El oficial oriundo de Puntarenas señaló al DIARIO EXTRA que su vida cambió radicalmente, pues terminó en la miseria, psicológicamente afectado y sin trabajo, producto de lo que él considera una injusticia.
“Perdí todo lo que tenía por una acusación de la que nunca se comprobó ni se investigó. Yo esperaba a que el proceso se diera por finalizado para conocer la posición del Ministerio de Seguridad, pero lo que me hicieron llegar fue el despido luego de más de 20 años de servicio. Ahora no tengo trabajo, con la presión de una pensión y me encuentro psicológicamente muy afectado y desesperado”, declaró el oficial Jorge Francisco Vindas.
MANUAL DE PUESTOS
El oficial Vindas solicitó el año anterior sus derechos en cuanto a la aplicación del Manual de Puestos, y los dineros que este beneficio otorga a los oficiales que se incluyen en esos procesos.
Pero el tiempo había pasado y el exoficial tuvo que recurrir a la Defensoría de los Habitantes.
“La Sala Constitucional reconoce que, para la cancelación de los extremos legales que corresponden a cualquier servidor del Estado, se requiere de la intervención de diversos órganos públicos y el pago no puede ser inmediato. Sin embargo, este plazo debe atender y respetar los principios de razonabilidad y oportunidad, evitando con que la Administración deje de honrar en tiempo razonable sus deudas”, aduce el oficio de la Defensoría.
El exoficial tiene la esperanza de que el Ministerio eche atrás una decisión injusta, según él, y con ello lo vuelvan a restituir en el puesto que por 20 años ejerció con pasión.