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A una mujer de apellidos Valverde Camareno, abogada de la Municipalidad de Montes de Oro, en Puntarenas, la despidieron sin responsabilidad patronal ante señalamientos de ejercer la profesión de forma ilegal y se la condenó al pago de ¢18 millones, que después de dos cobros administrativos aún no cancela.
Fue acusada por faltar al deber de probidad e enriquecimiento ilícito, por lo cual la condenaron a 2 años sin ejercer. La investigación determinó que realizaba trabajos a particulares siendo funcionaria municipal, labor que hacía abiertamente y con pleno conocimiento de las autoridades del ayuntamiento.
5 AÑOS
Valverde Camareno se mantuvo en el puesto cinco años y además de su salario como abogada de la municipalidad se le pagó el adicional por la prohibición que le impedía ejercer la profesión a terceros y ofrecer servicios de notariado.
Tras denuncias y pruebas aportadas se determinó que durante su estadía logró cobrar ¢18 millones en ganancias siendo funcionaria municipal, cuya irregularidad no se detectó hasta que se realizó un proceso investigativo que terminó con su separación del cargo.
NO PAGA
De conformidad con la Ley General de la Admiración Publica, la abogada está en la obligación de realizar el pago, pero después de la primera notificación tras conocerse el despido no respondió.
Se le notificó por segunda ocasión con el fin de hacerle frente a la deuda y advertirle que se expone a un proceso legal si no cancela el millonario monto por perjuicio a la Hacienda Pública.
“A la fecha no se ha dado el pago de la suma adecuada, por ende, procede a realizar segunda intimidación de pago a la señora Valverde Camareno para que, en el término de cinco días hábiles, deposite la suma señalada a la Municipalidad de Montes de Oro”, se lee en el informe de la Contraloría de la Republica, que investigó el caso.
A la exfuncionaria se le da un plazo determinado para el pago y de no efectuarse, la alcaldía procede a iniciar el proceso judicial de cobro.