El país entero no ha dejado de estar atento a lo que ocurre con el Covid-19, si bien es cierto ya hasta las autoridades han disminuido los mecanismos de entrega de cifras y datos oficiales, aún es un tema muy importante que no puede ignorarse y menos invisibilizarse.
Más de 2.400 personas han fallecido a causa de esta pandemia y miles más resultaron infectadas, esta es hoy la principal causa de muerte del país y no podemos bajar la guardia.
Pero hay algo que no cuaja, como decimos los ticos, los trámites administrativos realizados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) parecen no ser tan transparentes como se desea y esta no es una crítica únicamente del medio de información, es un asunto que hasta la Contraloría General de la República ha evidenciado.
Muestra de ello es lo que DIARIO EXTRA dio a conocer este lunes, pues la entidad desprecia la oportunidad de obtener una máquina que hace 96 pruebas Covid en tan solo 60 minutos, hasta ahora eso es imposible de realizar.
Obvio que poder efectuar tal cantidad de pruebas supone una ayuda fundamental para la CCSS en su afán de detectar la mayor cantidad de casos posible, acelerar los tratamientos y hasta generar planes de contingencia si esos casos se concentran en zonas específicas.
Lo único que hace falta para que esta tecnología pueda operar es el permiso de la institución para importar los reactivos con los que se hacen los test, pero parece que no hay voluntad para tal diligencia aún 4 meses después.
¿Cómo es posible que desde octubre el despacho del presidente ejecutivo, Román Macaya, dio el acuse de recibido a una carta de los dueños de la máquina moderna y hasta hoy nadie se ha pronunciado?, ¿porqué los pacientes deben esperar días y semanas para recibir los resultados y con ello los tratamientos a sabiendas que un abordaje oportuno puede salvar una vida?
Tanto se habla de las alianzas público-privadas, de unir esfuerzos en momentos apremiantes y la Caja se cierra a nuevas posibilidades, también les niega la opción a los ciudadanos a decidir sobre mejores y más expeditos procesos médicos ya aprobados y usados en otras latitudes más desarrolladas.
Si la propia CCSS demuestra ineficacia e inoperancia en los tiempos de respuestas, porqué el egoísmo de no permitir la puesta en marcha de nuevos equipos médicos de avanzada, acá lo que debe primar es el derecho a la salud, a la atención oportuna y con ello a la vida.
Con sobrada razón los propietarios afectados con el silencio perpetuo de la Caja les metieron un recurso de amparo a Macaya como jerarca de la benemérita y a Daniel Salas, ministro de Salud, pues ambos son incongruentes con el discurso que les echan a los ciudadanos sobre la urgencia por las pruebas Covid.
En este caso, se pide al Estado que se abra a nuevas tecnologías de cara a la pandemia, además que se disponga de testeos a nivel nacional para así recuperar la trazabilidad de la enfermedad.
Un tercer punto pide la contratación de máquinas de detección de Covid-19 en todos los puntos de acceso al país y evitar la propagación de la enfermedad por medio de turistas, extranjeros que ya están entrando al territorio nacional como si nada.
Se pide en el amparo, y esto es de suma relevancia, que se ordene al Estado no atarse a un solo proveedor, ya que la salud pública no es un negocio privado.
Hemos visto con los ojos muy abiertos las inconsistencias y hasta aparentes ilegalidades ocurridas en las contrataciones de la CCSS, en especial con la compra de mascarillas y el despilfarro de dineros públicos, también estamos atentos al desorden que hay en el proceso de vacunación, pues hay miles de funcionarios hospitalarios que protestan por incumplimientos en el orden de las listas.
El ente contralor indicó hace unos días que existe un completo desorden en el proceso de recolección de datos Covid. “Los datos de casos confirmados no se remiten en tiempo real, ni bajo un esquema estandarizado que permita garantizar razonablemente la seguridad y oportunidad de esa información”. Como si fuera poco, se encontró que “los entes notificadores remiten información incompleta, desactualizada y en diferentes formatos, situación que afecta la operativa propia de la vigilancia que ejecuta ese Ministerio. Al respecto, el número de casos promedio aumentó de 12 en el mes de abril a 1.149 en el mes de septiembre de 2020”.
Este desorden se hace cada vez más sospechoso y hay que ponerle mucha atención.