“Aquí no se trata de heroísmo, se trata solamente de honestidad, es una idea que pueda que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad.\” Uno de los personajes le preguntaba al narrador ¿qué es la honestidad? y este contestó: \”no sé qué es en general pero, en mi caso, sé que no es más que hacer mi oficio” (Albert Camus, La Peste).
La judicatura y la fiscalía son órganos políticos (en el amplio sentido del término) del Estado: es decir, son parte de una “casa” que tiene ciertas características que describe la Constitución Política: debe ser Democrática, Republicana y de Derecho. Si algún peligro se cierne sobre la casa, es obligación de quienes en ella habitan salir a defenderla.
La legitimación democrática del sistema de justicia de un país, a su vez, se basa en la independencia e imparcialidad de su judicatura y, en lo penal, de su fiscalía. Esto es así porque las decisiones desde el Poder Judicial suelen ser contra-mayoritarias: no es susceptible esperar que se estimen democráticas porque sean avaladas por un gran número de ciudadanos/as, en la medida en que, en no pocas ocasiones en la historia, las mayorías no suelen aceptar derechos de las minorías o deciden al amparo de subjetividades o pasiones.
En consecuencia, la más mínima duda (y peor aún, si esta nace de evidencias razonables) sobre la imparcialidad de jueces y juezas o sobre la objetividad de fiscales, afecta no solo a la persona que detenta esa función, sino que trasciende e implica una mácula a la institucionalidad que representa. Si la mancha no es removida a tiempo, podría minar la totalidad de la república en la medida en que esta se basa, en la mayoría de los estados modernos, en un sistema de pesos y contrapesos para evitar el abuso del poder. Una duda creciente sobre la función esencial de las instituciones del Poder Judicial implica que dicho poder no cumple su cometido y, al hacerlo, los otros carecen de contención. Por eso, el dique contra la arbitrariedad es una justicia imparcial y objetiva. Si esta cae, la casa se nos inunda.
Lastimosamente en la historia nacional reciente han surgido evidencias que generan dudas sobre el acatamiento de la función esencial del Poder Judicial (investigar y resolver con imparcialidad e independencia):
(a) finales de los años 90: Un magistrado suplente de la Sala Constitucional renuncia al haber suscrito la resolución de un recurso que él mismo interpuso;
(b) 2004: Guido Sáenz (Piedra azul) transcribe la conversación (luego tratada como ‘recurso literario’) que tuvo con un expresidente de la República, quien refirió: “yo estaba cien por ciento seguro de que me pasaban la reforma, tenía la promesa de cuatro magistrados, uno me traicionó”, en referencia a la reelección presidencial, que se rechazó en la Sala Constitucional con un voto de diferencia y que, dos años más tarde, también en una estrecha votación y habiendo cambiado la composición de la Sala, se aprobó;
(c) 2008: Una mayoría de la magistratura plantea y aprueba la discusión del “aumento de salario de Alta Gerencia” que le beneficiaba directamente (hoy en discusión constitucional) y, simultáneamente, rechaza abrir investigación contra un magistrado suplente de la Sala Constitucional, que fungía como asesor del Poder Ejecutivo en torno a la agenda complementaria del TLC y había intervenido votando asuntos relacionados con ese tema;
(d) 2010: Se denuncia que otro magistrado suplente de la Sala Constitucional había ayudado a redactar el Plan de Gobierno de un partido político;
(e) 2011: Corte Plena archiva una denuncia contra el Fiscal General (a quien se le atribuía haber paralizado, sin asumir el cargo, la indagatoria de un exministro de gobierno) pero le abre un proceso a dicho funcionario por ordenar un rastreo de llamadas a algunos de los magistrados, para verificar si los rumores sobre contactos de ellos con políticos relacionados con un caso en trámite pendiente de resolución en una Sala, eran ciertos;
(f) 2011: Se da una nueva renuncia de un magistrado suplente en el marco de la filtración del borrador de una sentencia de la Sala civil —referente a la explotación de la industria minera a cielo abierto— a litigantes;
(g) 2012: una mayoría de la Asamblea Legislativa decide no re-elegir al magistrado Fernando Cruz por el contenido de sus decisiones en la Sala Constitucional, para darle una lección al Poder Judicial. Algunos de quienes eso promovieron llaman a elegir magistrados que beneficien el “clima de negocios” del país.
(h) Desde entonces se empieza a observar, con mayor frenesí, que funcionarios de partido (que ocupan o han ocupado diputaciones, ministerios u órganos de asesoría), postulen sus nombres a puestos en la magistratura y en la fiscalía o que, para tal designación, deje de importar si se tienen sanciones disciplinarias o denuncias penales. Luego de la elección, políticos y jueces, electores y elegidos, celebran juntos pese a que en no pocas ocasiones los electores son acusados y sus causas deben ser conocidas por los elegidos. A la par de ello, los criterios contenidos en actuaciones fiscales o jurisdiccionales no resisten el menor análisis desde una perspectiva jurídica y se alejan, cada vez con mayor velocidad, de los estándares señalados por órganos internacionales de garantía de los derechos humanos.
Ese es el contexto, que no debe olvidarse, en que se enmarcan los recientes cuestionamientos que afectan a la Fiscalía General de la República y a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente eso no involucra a todos los magistrados/as, pero el asunto sí nos incumbe a todos, en la medida en que son actos idóneos para atentar o socavar los cimientos de la casa común.
Por ello, es imperioso que quienes deban investigar los acontecimientos que se han denunciado lo hagan, con prontitud sí, pero con rigurosidad y escrupuloso respeto de las formas jurídicas y del debido proceso de las personas investigadas para que, si hubiese alguna responsabilidad que sentar, esta no se difumine en la torpeza de las formas y de los tiempos que, tras de todo, obliguen al Estado a indemnizar.
Y, valga también indicarlo, si algún respeto les merece, a quienes hoy son señalados, esta casa que nos cobija, que se llama República de Costa Rica, deberían dar un paso al lado para no afectar (más) la legitimación democrática del Poder Judicial. No se trata de atropellar sus derechos (que pueden defender fuera del ámbito funcional) sino de recordar que ser funcionario público es un privilegio que debe ser ejercido con probidad y no es un derecho subjetivo al que quepa aferrarse como algo propio.
*Jueza y profesora UCR.