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La Fiscalía Adjunta del I Circuito de la Zona Sur investiga, bajo el expediente 17-000881-0219-PE, a la contadora del CAI Pérez Zeledón por el delito de peculado contra los deberes de la función pública por un aparente desfalco de ¢600 millones, del que fue objeto la pulpería del centro penal.
Ese negocio es administrado por los privados y personal carcelario que se reúne en un comité que vigila los movimientos de miles de millones de colones.
La pesquisa señala a la contadora Yojaira Valverde Leiva como la principal sospechosa de la desviación de esa plata.
La funcionaria era la encargada de administrar la pulpería junto a un recluso, que en el expediente es identificado como Larry.
Además, se apunta a un alto funcionario del CAI y a otro privado de libertad, identificado como “Pichón”, quienes aprovecharían los escasos controles para poco a poco sustraer el dinero producto de la venta diaria en el negocio.
INVESTIGACIÓN
Los fiscales analizan las pruebas, aseguran que el efectivo generado en la pulpería lo sacaban del centro en bolsas de Picaritas, situación que se comenzó a detectar a mediados del año anterior tras una requisa.
En dicha acción se le localizó plata a un joven que ingresó al centro penal y salió con una bolsa cargada.
Además, en la acusación se indicó que la contadora Valverde Leiva mantenía una relación sentimental con uno de los reos involucrados.
“El problema es que por rumores y la versión del mismo Larry, me enteré que él es pareja de Yojaira, igualmente dice que él bebé que está esperando es de él.
A partir de ahí se dan las diferentes modalidades para sustraer dinero de la pulpería, tanto directamente como con propuestas fantasmas de compras de bienes a sabiendas que son artículos que se le van a donar a la institución”, indica parte de la acusación contenida en el expediente.
La versión asegura que por ¢1 millón sustraído los dos funcionarios de Adaptación Social se dejaban ¢400 mil cada uno, mientras que los dos reclusos ₡100 mil.
HÁBEAS CORPUS
El 8 de junio del 2017 un privado de libertad de apellidos García Cordero presentó un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, denunciando las anomalías en cuanto a la administración de la pulpería y el dinero cuyo destino se desconoce.
El reo asegura que comunicó la irregularidad a la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, y al director del CAI Pérez Zeledón, Alexander Sánchez.
“Lo que detecté con otro interno fue que había posibles actos de corrupción en la administración de este centro penal y desfalcos financieros en las pulperías”, expresa el denunciante.
En el oficio 3 del hábeas corpus, García Cordero acusa represalias luego de la denuncia; afirma que fueron directas.
Amplía que lo trasladaron a una celda aislada con la justificación de un robo que se presentó en el ámbito donde permanecía, pese a que los reos descartaron la responsabilidad del afectado.
El jefe de Seguridad Bernal Mora y el supervisor Omar le informaron a García Cordero que el director del centro giró órdenes de mantenerlo aislado, pese a los padecimientos y enfermedades que sufre.
“Señor García, no lo podemos ubicar en los pabellones F-4 y ni en el E-3 con sus iguales porque el director Alexander Sánchez nos ordenó que lo dejáramos en la celda de prevención, a sabiendas que usted tiene 4 días en huelga de hambre porque él no lo quiere atender y sabiendo el director que usted es hipertenso crónico, cardiópata y que no puede estar solo porque si le da un infarto no hay quién le avise a seguridad”, manifiesta García que le dijeron.
TESTIGOS
Como parte de la investigación los fiscales de Probidad, Transparencia y Anticorrupción convocaron a las partes, incluido personal de Adaptación Social de ese centro penitenciario que formaba parte del comité administrador de la pulpería.
En las declaraciones explicaron que la acusada no contaba con los estados financieros de 5 meses del 2017 y cuando se le pidió que los entregara, se negó a hacerlo.
“El 5 de mayo yo cité a reunión a todo el comité y en ese momento fue cuando me di cuenta que Yojaira no tenía el informe de los meses anteriores, ya que me pidió un periodo de diez días para poder ponerse al día con ellos.
Le remití esta situación a Alexander Sánchez, quien es mi jefe, director del centro penal, y él mismo estuvo de acuerdo en darle a Yojaira diez días para ponerse al día”, respondió a la Fiscalía la psicóloga de la institución de apellido Sánchez.
Para ese momento, la falta de liquidez era evidente y los funcionarios expresaron que la contadora se negó en muchas ocasiones a entregar los reportes al Consejo Superior de Adaptación Social, pese a que se le habían girado órdenes.
PRUEBAS
En junio del 2017, el Ministerio Público realizó la apertura de la evidencia de este caso que incluye 200 folios, con anotaciones, boletas de ingreso, Ampos y otras pruebas de los registros contables de la pulpería, los cuales analizan.
La Sección Técnica de Derecho del CAI Pérez Zeledón comunicó al director administrativo, Manuel Fernández Rodríguez, las anomalías que se estaban presentando en cuanto a la administración de la pulpería y la negativa de aclarar las cuentas.
“Le solicitamos que se le ordene a la señora Yojaira Valverde Leiva, contadora, asistente administrativa de este centro, nos brinde al Consejo Técnico un informe detallado sobre el manejo de la pulpería de este centro durante el año 2017”, acotaron.
FISCALÍA
A través de su departamento de prensa, el Ministerio Público confirmó que la investigación está en curso, pero omitió referirse a los detalles, tal y como establece el Código Procesal Penal.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Pérez Zeledón, informó que bajo la causa 17-000881-0219-PE se investiga a una mujer de apellidos Valverde Leiva, quien es sospechosa de un aparente delito de peculado”, concluyeron.