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Mientras los consumidores pagan precios exorbitantes por un kilo de papa, nuestros agricultores ven cómo su esfuerzo se desploma en el mercado. ¿Cómo es posible que a los productores le paguen una miseria por cada quintal de papa y el consumidor final debe pagar hasta cinco veces cuando lo adquiere? ¿Dónde está la justicia en esa cadena?
La respuesta está sepultada bajo una montaña de importaciones sin trazabilidad, sin controles efectivos y sin el mínimo respeto por las condiciones fitosanitarias que se exigen a nuestros productores nacionales.
En los últimos tres años (2020 al 2024), las importaciones de papa crecieron un 300% según la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Y en este 2025, en solo cuatro meses ya alcanzamos cifras que igualan todo el año 2021. ¿Eso es desarrollo? No, eso es abandono y desprecio al agricultor al productor nacional, en detrimento de la seguridad alimentaria y de la paz social de nuestro país.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) parece haber extraviado el rumbo, haciendo gala de una pasividad alarmante mientras el campo costarricense se desangra lentamente.
Los productores de papa no sólo enfrentan dificultades para vender sus cosechas —cultivadas con sacrificio y limitaciones—, sino que lo hacen compitiendo con productos extranjeros que no cumplen con las mismas exigencias sanitarias ni fiscales.
Esta es una agresión directa a la soberanía alimentaria de Costa Rica, es un atropello contra quienes trabajan la tierra y mantienen vivas nuestras tradiciones rurales. El problema no es la papa importada en sí, sino el descarado desbalance en las reglas del juego: fiscalización laxa para los productos de afuera, y ahogo regulatorio para los de adentro.
El gobierno no puede seguir lavándose las manos mientras la seguridad alimentaria se convierte en mercancía de vaivén comercial. Las zonas rurales no son un decorado folklórico; son el corazón productivo del país y actualmente no se puede hablar de elecciones ni de políticas nacionales sin poner al agro en el centro de la discusión.
De cara a las elecciones nacionales y ante el último año del gobierno, es imperante:
• Una fiscalización rigurosa y equitativa en aduanas, tributación y salud agroalimentaria.
• Políticas comerciales coherentes que prioricen la producción nacional.
• Un compromiso real del gobierno con los pequeños y medianos agricultores.
Acuerdo peligroso. Aunado a ello, la posible adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es pretender abrir aún más el mercado cuando ni siquiera protegemos a nuestros productores del desastre que ya representan las importaciones.
Acá se trata de toda una forma de vida, de familias que viven del campo, de comunidades que dependen de una producción sostenible, de paz social y de un sistema agroalimentario responsable.
El CPTPP representa una amenaza directa a esa sostenibilidad, ampliando la brecha entre las grandes economías y nuestros pequeños productores. Y sí, se requiere comercio, pero no un comercio que deje en el olvido a quienes siembran el futuro del país.
Defender la papa tica es defender a Costa Rica porque cada quintal que se pudre en una finca por falta de mercado es una herida abierta en el alma productiva del país y esa herida no se puede sanar con discursos; se necesita acción urgente, decidida y valiente.
Defender al agricultor tico no es un capricho; es una necesidad estratégica, ética y patriótica. Nuestra producción nacional merece respeto, respaldo y decisión política.
Y de cara a las próximas elecciones, los productores sabrán quién verdaderamente los representa y quién los vende por un tratado de papel.