Desastres naturales le costaron más de $6 mil millones al país

Costa Rica ha enfrentado una factura devastadora producto de la fuerza de la naturaleza, con costos cada vez más altos relacionados con desastres climatológicos, como huracanes, inundaciones y sequías, sumado a la condición de ser un país altamente sísmico.

Entre 1988 y 2025, el impacto económico acumulado por desastres naturales alcanzó la cifra de $6.207 millones, un monto que refleja no solo el impacto de eventos como el terremoto de Cinchona o la tormenta Nate, sino también una vulnerabilidad creciente que amenaza la estabilidad financiera de la nación.

De acuerdo con los datos recopilados por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), el grueso histórico de estos daños (1988-2018) sumó $4.591,9 millones.

Sin embargo, la presión se ha intensificado en años recientes. Solo entre 2019 y 2022 el país registró pérdidas adicionales por $1.044 millones debido a sistemas de baja presión y huracanes como Julia, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Al cierre de 2025, el Ministerio de Hacienda proyectó un gasto de $570 millones para atender emergencias, basado en la severidad de los eventos registrados durante el último sexenio.

El panorama futuro es aún más desafiante, pues la cartera proyecta destinar cerca del 1,71% del Producto Interno Bruto (PIB) para atender estas emergencias, es decir, alrededor de ¢819 mil millones, según el Marco Fiscal a Mediano Plazo.

“Al considerar el periodo 2026 al 2031 se dan diferencias de 1,71 puntos del PIB en promedio entre los escenarios, siendo un resultado relevante en cualquier año que se presente, por ello es importante que las instituciones, así como las empresas públicas que tienen a su cargo infraestructura esencial, puedan considerar dentro de sus análisis las contingencias derivadas de eventos de riesgo de desastres”, destaca el documento.

Riesgos, costos y cambio climático

El geógrafo y experto en materia ambiental, Pascal Girot, advierte que Costa Rica vive en un “contexto multiamenaza”, donde los eventos hidrometeorológicos, como lluvias extremas y sequías, son cada vez más frecuentes. A esto se suma la construcción de infraestructura en zonas de alto riesgo, lo que dispara los costos cuando ocurre una tragedia.

Girot también advierte que los costos por desastres naturales son solamente la “punta del iceberg” al contabilizar daños, pues estas cifras ignoran los costos indirectos que paralizan la economía.

“Podemos contabilizar cuánto cuesta reponer un puente o reconstruir una carretera, pero no sabemos cuánto implica el corte de una carretera tan importante como la Interamericana Sur en la posibilidad que tienen los productores de San Isidro de El General de llevar sus productos al mercado de la región central, de trasladar turistas a distintos destinos sin interrupciones ni atrasos”, ejemplificó el experto.

Falta de financiamiento

en proyecciones

A pesar de que el país cuenta con planes para enfrentar la crisis climática, la ejecución financiera sigue siendo una debilidad. Así lo asegura un análisis de la Contraloría General de la República, donde se revela que muchas de las políticas diseñadas para proteger al país carecen de un sustento económico real desde su formulación.

En el Informe de Seguimiento de la Gestión Pública sobre el Panorama País en Acciones Climáticas se advierte que “existen áreas importantes de mejora relacionadas con un casi inexistente mapeo y seguimiento de opciones de financiamiento privado, y políticas públicas en las cuales no se consideró desde su formulación el financiamiento necesario para su implementación”.

Esta desconexión entre lo que se planifica y los recursos disponibles limita la capacidad del Estado para proteger sectores críticos como la agricultura y la infraestructura vial.

Complicaciones con El Niño

El panorama para el país podría implicar nuevamente mayores gastos relacionados con desastres naturales ya que, según Girot, la llegada de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño podría incrementar las amenazas existentes y poner en riesgo sectores vitales como el agropecuario y el suministro de agua potable, especialmente en zonas vulnerables como Guanacaste.

Dicha provincia, en contextos de sequía anteriores, ha registrado pérdidas superiores a los $84 millones, un escenario que podría repetirse en los próximos meses.

La irregularidad de las lluvias y el déficit hídrico proyectado sugieren una crisis de escasez que afectará la producción y generará tensiones por el acceso al agua. El experto advirtió sobre la gravedad del pronóstico para el cierre del año, cuando se espera “tener más irregularidad en la precipitación y un debilitamiento, sobre todo en la segunda mitad de la estación lluviosa, que es el segundo pico que generalmente ocurre en setiembre, octubre y noviembre”.

Para Girot, este escenario obligará al país a gestionar de forma mucho más eficiente el recurso hídrico para evitar mayores afectaciones a la economía rural.

Pascal Girot
Geógrafo y experto ambiental


“Claramente estamos viendo un aumento en el costo de los desastres en nuestro país, y hay que señalar que la parte que crece más rápidamente de estos impactos es la hidrometeorológica, es decir, está generalmente asociado con eventos climáticos extremos que vienen aumentando en frecuencia e intensidad”.