Desastre migratorio

Resulta increíble pensar que el país sufre el fenómeno migratorio y las autoridades competentes, lejos de mejorar los sistemas de administración, los descuidan y se encuentran estancados.

Desde la frontera con Panamá hasta Peñas Blancas o Las Tablillas no se ha podido dar resultados en el manejo de los solicitantes de refugio.

En el sur vemos cómo una gran cantidad de venezolanos huyen de su patria buscando un mejor futuro y una buena parte pensó en hacerlo en Costa Rica.

Y ni que decir del vecino país del norte, donde de igual manera los nicaragüenses buscan en suelo nacional una oportunidad para crecer, lejos de la dictadura sembrada por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Pero las políticas migratorias del país son incapaces de ayudar a propios y extraños. Aquí vamos a valorar algunas de las razones que impiden tener una pronta respuesta.

Para comenzar, la incapacidad se refleja en el poco conocimiento de Martha Vindas González, directora de Migración y Extranjería, en materia de migración.

Es una excelente profesional, pero en la Caja Costarricense de Seguro Social, donde por décadas se desempeñó en varios cargos, pero desde su profesión de psicóloga no ha podido enderezar el barco en Uruca.

Vindas ha quedado debiendo. Las bandas de tráfico de migrantes siguen operando y no ha amalgamado un equipo capaz de resolver las deportaciones de venezolanos, incluidos los 30 que recientemente debieron liberar tras agredir a un contingente de oficiales en Paso Canoas.

Como la ley impide tenerlos más de 30 encerrados en el CARC en Los Lagos, Heredia, debieron dejarlos en libertad, aunque la razón que dieron las autoridades es que no llegaron los papeles de su deportación a tiempo.

Lo anterior simplemente revela que no hay políticas claras y más duras para permitir la deportación inmediata de aquellas personas migrantes en tránsito por el país que no cumplan con nuestras leyes.

Otra situación es la falta de personal en la Policía Profesional de Migración, pues en épocas como la actual, cuando se conoce el alto tránsito de personas por los puertos de entrada y salida nacionales, se deben traer oficiales que cubren oficinas regionales para reforzar aeropuertos como el Juan Santamaría y el Daniel Oduber.

Dicho a lo tico, desvisten un santo para vestir otro, pues los ponen a cuidar los aeropuertos y descuidan las sedes regionales, facilitándoles el trabajo a los coyotes, por ejemplo, en la Zona Norte.

Si queremos meter el dedo en la llaga, ni que decir del Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), donde el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, no termina de juramentar a sus miembros. A otros no les han dado el permiso para laborar en ese órgano colegiado.

Se imagina que más de 250.000 expedientes de refugiados pasen a tener una respuesta final dentro de 39 años, simplemente porque 13 abogados no son suficientes en el área de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para resolver con prontitud los expedientes.

Súmele a eso que de los seis jueces del TAM, no todos pueden tramitar los expedientes rechazados en primera instancia y llevados a apelación. 

Algunos de los titulares o suplentes tendrán que inhibirse de valorar los expedientes porque tuvieron participación desde las áreas donde trabajaron en la DGME y ahora no podrán resolverlos desde el TAM.

Así las cosas, parece que, lejos de tener una mejora en las políticas migratorias, debemos pedirle a la Divina Providencia que nos agarre confesados.