Desalojaban familias para instalar búnkeres de droga

Varias familias habrían sido expulsadas a la fuerza de sus viviendas por una estructura criminal para convertirlas en búnkeres destinados al consumo de drogas. Los hechos se dieron en la Ciudadela 25 de Julio.

En ese sector, los delincuentes se apropiaron de cuatro inmuebles: tres pertenecían a hogares en condición vulnerable y uno, bajo custodia de una entidad financiera.

“Actúan mediante amenazas e intimidación. En algunos casos, las víctimas enfrentan deudas bajo el sistema ‘gota a gota’ y, al no poder saldarlas, son desalojadas”, dijo Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José.

Los criminales utilizan “narcoabogados” que engañan e intimidan a las familias, y luego incluso les cobran alquiler por permanecer en sus propias casas.

“Llegan sujetos armados, identifican a personas vulnerables y las obligan a abandonar sus hogares sin permitirles llevar sus pertenencias”, añadió Solano.

Ante esta situación, la Policía Municipal, en coordinación con otras instituciones, ejecutó un operativo con 60 oficiales y maquinaria pesada para desmantelar la infraestructura ilegal.

Durante la intervención, las autoridades encontraron a unas 50 personas consumidoras dentro del inmueble, quienes fueron retiradas del lugar.

En este caso, la propiedad pertenecía a una entidad bancaria, pero la organización criminal la había usurpado para operar y abastecer a los consumidores.

“La demolición de esta casa llevaba meses pendiente. Aunque estaba bajo administración financiera, la banda se había adueñado del sitio. Procedimos con maquinaria a destruirla y encontramos hasta 50 personas dentro”, detalló Solano.

Aunque se trata de narcomenudeo, donde cada piedra de crack cuesta alrededor de ¢500, una sola persona puede consumir hasta 10 veces al día, según el jefe policial.

Solano estimó que las ganancias diarias del grupo oscilaban entre ¢1 y ¢5 millones, dependiendo del flujo de consumidores.

En el caso de esta estructura criminal, que operó durante un año en ese sitio, las utilidades podrían superar los ¢350 millones.

“Hemos calculado ingresos diarios entre ¢1 y ¢5 millones. Puede haber variaciones según los operativos, pero esta propiedad pudo generar entre ¢350 millones y ¢500 millones en el último año”, concluyó.

Organización y seguridad

Se trata de organizaciones complejas, que tienen un administrador general, los que se distribuían diferentes horarios, y un contador que gestionaba las finanzas.

Tienen una red de colaboradores pagados con droga para poder determinar quiénes ingresan y quiénes se van cuando no tienen dinero para consumir.

Hay personas armadas cuando el búnker está operando, y para resguardarse colocan estañones cargados y cadenas para impedir el paso de vehículos.

Inversión en operativo

Contando los recursos operativos de la Policía Municipal, la maquinaria y las contrataciones realizadas por la entidad bancaria, puede andar entre ¢18 millones y ¢20 millones.

Participaron 60 efectivos policiales para garantizar la seguridad, tres vagonetas y dos excavadoras, que procedieron a derribar y sacar los escombros.

¿Qué pasará con las propiedades?

Ante la imposibilidad de que regresen las familias y de que puedan ser habitadas por otras personas, las autoridades ya planean cómo utilizar las propiedades.

“Esperamos en los próximos días, cuando superemos los desafíos jurídicos, venir con maquinaria y proceder con la demolición”.

La intención es poder construir parques para los niños de la comunidad y evitar que la organización regrese a la zona.