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El proyecto Ley Especial de Extinción de Dominio (expediente 19.571) entró a su recta final y se espera que después de superar el trámite de mociones 137 y sus posibles modificaciones lo pasen para su primer debate.
La llegada del texto al plenario genera dudas para el diputado liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, quien teme que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Poder Ejecutivo enloden la iniciativa, que nació exclusivamente para arrebatarle bienes al crimen organizado y el narcotráfico.
De acuerdo con el verdiblanco, la preocupación surge tras las contradicciones entre la fracción oficialista y el gobierno de Carlos Alvarado, que generan imprecisiones en el texto.
Recordó que el PAC insistió en incorporar la posibilidad de transferir bienes de evasores al Estado. La idea no sentó muy bien en el Ministerio de Hacienda, dirigido por Rocío Aguilar.
Viales también indicó que siguen con dudas respecto al tema de las herencias. Sobre ese particular esperan pulir aún más el texto para que quede estrictamente claro en qué casos el gobierno podrá confiscar propiedades.
La retroactividad de la ley, es decir cuántos años para atrás se puede aplicar la norma, es uno de los puntos que siguen en discusión. Para un grupo de legisladores no puede ser más de 10 años, mientras para las autoridades no debe existir límite.
Para citar un ejemplo, la Asamblea Legislativa propone que los bienes heredados hace más de 10 años en ninguno de los casos pueda ser arrebatado por el Estado, aunque se desconozca su origen.
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), por lo contrario, dice que limitar a 10 años el alcance de la ley legitimaría los bienes mal habidos que se hayan obtenido de 2009 para atrás.
Incluso el exdiputado libertario Otto Guevara había alertado que tal como está redactada la iniciativa, luego el Estado podía utilizar el instrumento para quitarle bienes muebles e inmuebles a empresas que no estén alineadas a los jerarcas de turno.
“El gobierno debe tener claridad en dónde quiere aplicar esta ley. Recordemos que estamos creando únicamente un juzgado para atender la extinción del dominio y si lo abrimos (a otros delitos como la evasión) tememos que no vaya a tener el mismo resultado”, aseguró Viales.
Añadió: “El Poder Ejecutivo puede ayudar mucho a mantener una claridad. No puede ser que la fracción legislativa del PAC esté apoyando una redacción distinta a lo que dicen el ICD y el Ministerio de Seguridad Pública.
Tenemos un oficio de la ministra de Hacienda donde pide que no se incluyan delitos tributarios, pero posteriormente el PAC sí lo pide, deben de aclararse”.
El Diario del Pueblo intentó conversar con el jefe de fracción oficialista, Víctor Morales Mora, pero no fue posible.
SE NECESITA
UN TEXTO PRECISO
El presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dijo que si bien ven la necesidad de que no se postergue más la regulación de esta materia en el país, creen que debe precisarse más el proyecto.
Especificó que, además del crimen organizado y el narcotráfico, solo se debería incorporar la posibilidad de que el Estado incaute y se adueñe en casos de corrupción elevada.
“Aún falta detallar más la iniciativa de extinción del dominio y eso es lo que vamos a hacer a partir de la consulta que hemos hecho”, expresó.
El liberacionista dijo que no comparten que se envíe un nuevo texto sustitutivo.
El socialcristiano Pablo Abarca indicó que hasta el último momento tratarán de afinar el texto, evitando que se pueda abrir una ventana a la violación de garantías constitucionales.
PRESIDENTE
PIDE CLARIDAD
El presidente Carlos Alvarado coincidió con Viales al asegurar, ante la consulta de DIARIO EXTRA, que se debe garantizar seguridad jurídica para las personas honestas.
“Estamos de acuerdo en que hay apertura total. Hemos generado apertura con la Uccaep para llegar a una redacción de consenso y trabajamos en esa línea. Siento que es algo que se ha ido prorrogando y mientras pasa eso, mucha de la actividad criminal pierde lo que le incautamos, pero no llegamos a la raíz de los que en realidad están lucrando con el delito”, comentó.
Recordó que el objetivo del proyecto es la constitución del derecho de la extinción de dominio de actividades ilícitas relacionadas, en sentido estricto, con actividades de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos.
Además se regula el procedimiento jurisdiccional, los supuestos en los cuales procede, las reglas de administración y disposición de todos los bienes de extinción de dominio.
¿QUÉ ES?
La extinción de dominio consiste en la constitución de titularidad en favor del Estado de todos aquellos bienes y derechos adquiridos sin causa lícita aparente, como consecuencia patrimonial de actividades ilícitas de los afectados, relacionadas, en sentido estricto, con actividades de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes o tráfico ilícito de órganos.
Fuente: Proyecto 19.571.