Desde hace ya muchos años, Costa Rica se ha destacado en el ámbito Internacional por ser un país “Pura Vida”, y si a eso le sumamos que han ratificado muchos instrumentos internacionales que protegen el Derecho a la Salud como lo son el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas en 1966, Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; además de lo establecido en nuestra Constitución Política, pensaríamos que nuestro país es digno de admirar; pero la realidad es otra.
La Organización Mundial de Salud nos refiere que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones; partiendo de este concepto de salud, nos debemos preguntar si en nuestro sistema de salud pública se están brindando mecanismos apropiados para garantizar y proteger el derecho a la salud de los ciudadanos de Costa Rica.
Los que hemos asistido a consulta médica en diferentes centros de salud del Estado costarricense, llámese ebais, Emergencia u Hospitales, nos hemos enfrentado en algunas ocasiones con una larga espera de horas para ser atendidos, ya sea por falta de personal, equipo médico, o por el simple hecho de no tener el funcionario público empatía con el usuario que aqueja una dolencia física o un problema en su condición mental, lo cual podría tener una terrible repercusión en la salud de los usuarios, ante el dolor físico y el desgaste emocional que genera la espera indefinida en las sillas de un centro médico, que dicho sea de paso en el mejor de los casos donde se cuenten con ellas, porque de lo contrario la espera será en pasillos o en áreas no aptas para ello. No se puede obviar que la realidad social de cada provincia puede ser muy divergente en una y otra; por ese motivo es importante establecer mecanismos institucionales que permitan constatar esa realidad, para poder brindar una atención oportuna y eficiente a los usuarios del sistema de salud de nuestro país.
Existen zonas en Costa Rica con mayor incidencia de extranjeros y nacionales, que son contratados por períodos cortos como mano de obra en las empresas, dedicadas a la exportación de piña y banano; lo cual implica que muchas veces estas personas laboren en sectores que no son su lugar de residencia permanente, y ante un menoscabo en su salud tengan que acudir al área de emergencias del centro de salud más cercano, al cual no están adscritos, de manera que este tipo de situaciones deben ser valoradas por las autoridades de salud, con el fin de brindar más personal médico, equipo y espacio físico en los centros de salud que presenten esas particularidades, y así cumplir con lo establecido en los Instrumentos Internacionales y nuestra Carta Magna sobre el deber de proteger el derecho a la salud.
Por consiguiente, la Caja Costarricense de Seguro Social debe revisar periódicamente la estadística de las cantidades de atenciones realizadas a los usuarios en las diferentes zonas del país y valorar si cuenta con todos los insumos necesarios para poder brindar un servicio de calidad, y de no ser así, deberá ajustarse a las nuevas necesidades que van surgiendo el día a día, con el fin de poder permitir a los ciudadanos la realización plena del derecho a la salud.
Por lo tanto, no queda otra opción para todos los usuarios del sistema de salud, que entablar los procesos administrativos, judiciales o cualquier otro que nos permita exigir la protección al derecho a la salud, y mientras esto no suceda debemos de solicitar al Estado Costarricense que realice políticas públicas de acuerdo con nuestras necesidades actuales, destinadas a la tutela efectiva del derecho a la salud.