En pleno siglo XXI, resulta inadmisible que el deporte, símbolo universal de esfuerzo, disciplina y superación, se vea manchado por actos de acoso sexual. Este flagelo, que lamentablemente afecta a menores de edad en muchas ocasiones, refleja una alarmante falta de controles y una cultura que proteja a las víctimas en todos los niveles del sistema.
En Costa Rica, la reciente confirmación por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) sobre la recepción de 33 denuncias en los últimos dos años pone en evidencia la urgencia de abordar esta problemática de forma integral.
De acuerdo con Donald Rojas, director nacional de la institución, se registraron un total de 42 informaciones de presuntos casos, de las cuales 33 fueron ratificadas, involucrando a federaciones, asociaciones y comités cantonales. Estos números no son más que la punta del iceberg.
“Posiblemente cuando avance el tema de la Federación de Taekwondo, suspendida mundialmente por denuncias de acoso y otros incidentes, serán muchísimas más las personas que se atrevan a hablar sobre esta clase de asuntos”, advirtió Rojas. Esta afirmación subraya la gravedad de un problema que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo.
La actividad física debe ser sinónimo de respeto, admiración y valores, sin embargo, los casos de abuso sexual dentro de él son un recordatorio de que estas virtudes están lejos de ser una garantía cuando no existen los controles adecuados. Las acusaciones evidencian fallas estructurales tanto en la formación de los responsables, como en los protocolos para prevenir, detectar y sancionar este delito. Esto incluye un sistema judicial que debe garantizar justicia pronta y cumplida porque la verdad de los hechos debe prevalecer y las víctimas merecen respuestas claras.
Un caso paradigmático es el de la Federación de Taekwondo, que enfrentó una suspensión internacional debido a esta situación. Este incidente no solo daña la imagen de una disciplina deportiva, sino que también deja en un estado de vulnerabilidad a quienes participan en ella. Las acciones contundentes, como sanciones y suspensiones, son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de una transformación cultural y estructural.
El director del Icoder ha señalado la falta de recursos como uno de los principales obstáculos para abordar este problema de manera efectiva. Si bien es un reconocimiento importante, no debe convertirse en una excusa.
En esta disciplina se necesita urgentemente políticas claras y estrategias que permitan implementar programas educativos, capacitación en ética y protocolos efectivos para prevenir y denunciar el acoso.
Los comités cantonales, las federaciones y las asociaciones deben ser auditados y supervisados con mayor rigor para asegurar que los espacios deportivos sean seguros para todos.
También es crucial garantizar que los afectados cuenten con un sistema de apoyo integral, desde la atención psicológica hasta el acompañamiento legal para que puedan levantar la voz sin temor a represalias o estigmatización. La cultura del silencio que ha prevalecido en muchas ocasiones solo perpetúa la impunidad. En cambio, una de cero tolerancia al acoso sexual y el abuso debe ser el eje central de dicha práctica en el país.
El deporte, como herramienta de formación y transformación social, tiene la responsabilidad de ser un ejemplo de respeto y convivencia. Ningún niño, niña, adolescente o adulto debería enfrentar estas situaciones en un espacio que debería ser de crecimiento personal y profesional. Este tipo de conductas deben ser erradicadas desde la raíz y para lograrlo es indispensable que exista un compromiso firme y coordinado entre el Estado, las instituciones encargadas de la materia, los padres de familia y la sociedad civil.
Como ciudadanía, debemos entender que el acoso sexual no solo afecta a las víctimas directas, sino que también daña el tejido social al desvirtuar el propósito mismo de estas actividades. Los casos registrados son una llamada de atención que no puede ser ignorada. Ahora más que nunca es el momento de implementar cambios que aseguren que el deporte en Costa Rica sea un espacio seguro, inclusivo y libre de abuso.
La justicia pronta y cumplida es un pilar fundamental para que los afectados obtengan reparación y los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos. Asimismo, es necesario que las investigaciones se realicen con el debido cuidado para garantizar que los procesos sean transparentes y prevalezca la verdad.
Costa Rica tiene la oportunidad de convertirse en un referente regional en la lucha contra el acoso sexual en el deporte. Esto requiere voluntad política, colaboración institucional y una visión clara de que no hay lugar para este tipo de situaciones en ninguna área de nuestra sociedad. La actividad física debe ser un motor de inspiración, salud y bienestar, no un escenario para prácticas detestables que traicionan su esencia. La seguridad de las personas, especialmente de los menores de edad, no es negociable.
El compromiso debe ser colectivo y decidido: que el deporte vuelva a ser el sinónimo de esperanza y superación que todos deseamos. Solo así podremos construir un futuro donde las prácticas aberrantes sean parte de un pasado que nunca debe repetirse.