La cantidad de denuncias por violencia en colegios se ha duplicado en los últimos años, de acuerdo con datos de la Fiscalía Penal Juvenil.
Mientras en 2022 la cifra de casos de violencia en centros educativos fue de 1.221, la cantidad se duplicó en 2023 al llegar a 2.919 y en los primeros seis meses del año suman 1.751, lo que activa una alarma para las autoridades.
Gabriela Alfaro, fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Juvenil, indicó que este fenómeno en colegios no es aislado y forma parte de la realidad social del país.
Señaló que esta manifestación de la violencia impacta a dos poblaciones en específico: las víctimas, que se encuentran en desventaja, y los victimarios, que asumen una posición de poder en sus ambientes.
En el caso de las personas agresoras, replican conductas abusivas que han observado o sufrido, o se relacionan con factores sociales de condiciones de pobreza, acceso a drogas y exclusión de facilidades educativas.
Las estadísticas de casos son recibidas de manera mensual por las fiscalías penales juveniles de todo el país.
“Las vamos registrando mes a mes, donde de acuerdo con el ingreso de la causa se identificó que la violencia se ejecutó en un centro educativo o tiene relación con estudiantes que se traslada hasta sus hogares”, dijo Alfaro en el programa Frecuencia MP.
De acuerdo con Alfaro, este es un fenómeno al que el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil vienen dando prioridad desde hace tiempo.
“La Fiscalía Penal Juvenil ha venido tomando una línea nacional desde 2023, como una de las principales vías de acción a nivel preventivo, en virtud de que la Fiscalía tiene un importante componente preventivo, además de represivo, en la atención de este tipo de manifestaciones de violencia”, agregó.
Por otra parte, indicó que funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) están obligados a emitir reportes o denuncias de estos casos, aunque la mayoría proviene principalmente de las víctimas o sus representantes.
Como parte de las estadísticas, destaca que San José es la provincia que registra más casos, con un total de 823 en 2023 y hasta la fecha reporta 408.
Cartago, Heredia y Alajuela son las otras provincias que registran más de 100 casos en las fiscalías este año.
Mapear dónde ocurre la mayoría de casos de este tipo permite direccionar todos los esfuerzos a nivel preventivo por parte de las autoridades a nivel nacional.
María Esther Flores, psicóloga de familia, asegura que la respuesta a la crianza de los menores de edad tiende a ser violenta y que si se realiza de esta manera antes de los 5 años tiene mayores repercusiones.
“El niño conserva esto en su inconsciente y de los 5 años en adelante, si eso se mantiene, lo refuerza y ve la violencia como una forma natural de convivencia, entonces eso lo va a reproducir en otros ambientes como barrios o colegios”, explicó.
La experta añadió que claramente este tipo de violencia incluye el bullying en centros educativos, lo cual desencadena otro tipo de afectaciones psicosociales a todas las partes.
ABORDAJE
Los casos de violencia de este tipo entre personas de 12 a 18 años los analiza la Fiscalía Penal Juvenil, quien dicta penas que pueden ser variadas, tanto privativas como no privativas, siempre que configuren un delito o una contravención.
Además las autoridades llevan a cabo un trabajo de acompañamiento con las víctimas.
“Vamos a abordar siempre a la víctima con un acompañamiento profesional, en la mayoría de los casos del departamento de Trabajo Social y Psicología”, expresó Alfaro.
La Ley de Justicia Penal Juvenil establece sanciones privativas de libertad como el internamiento en el centro especializado, internamiento en tiempo libre y sanciones no privativas de libertad como servicios a la comunidad, acudir a diferentes programas y finalizarlos, generalmente relacionados con temas de manejo de ira o conductas abusivas sexuales.
El proceso de abordaje del caso es privado y confidencial, por lo que no se divulgan datos de las partes, tanto víctimas como acusados.
PREVENCIÓN
Los menores de edad deben aprender a identificar la violencia psicológica, emocional y sexual para que esas acciones no sean normalizadas, por lo cual las autoridades han realizado trabajos preventivos en centros educativos.
“La violencia en centros educativos no es un fenómeno actual o mediático, que responda a imágenes que se publiquen en videos de redes sociales donde se observan agresiones a personas menores de edad”, agregó Alfaro.
Por otra parte, dijo que es necesario que los menores que son testigos de estos casos tengan la capacidad de identificar qué es un acto de violencia y no debe servir como burla.
Por ello se realizan capacitaciones en diferentes centros educativos y debido a que hay pocos funcionarios con esta tarea, existe una larga fila de colegios que esperan la llegada de las autoridades judiciales.
Quienes deseen recibir charlas de prevención en los centros educativos relacionados con estos casos pueden escribir al correo electrónico fa_pjuvenil@poder-judicial.go.cr.
SÍNTOMAS DE LAS VÍCTIMAS
Negativa de ir a la escuela o colegio, inventan excusas (la más importante).
Se comportan irritables.
Se enojan y lloran sin explicación.
Comen poco o mucho.
Trastornos del sueño, pesadillas y ansiedad nocturna.
Duermen en otros horarios.
Se vuelven tímidos, callados o asustados.
Les faltan materiales o útiles.
SÍNTOMAS DE LOS AGRESORES
Disimulan el complejo de inferioridad, mostrándose superiores a través de la violencia verbal o física. También pueden sufrir violencia en los hogares.
Se vuelven indiferentes o irreverentes, contestan con groserías o malacrianzas.
Sienten placer al pegarles a hermanos menores o mascotas.
Se identifican con videojuegos violentos de matar o guerras.
Intentan pegarles a los adultos cuando los corrigen.
Algunos pocos se vuelven chineados o narcisistas.
Generan capacidad o influencia negativa en otros compañeros.