Los reportes por talas ilegales en Costa Rica pasan hasta 12 años en espera de una determinación, según consta en la base de datos del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (Sitada) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Si se toma por ejemplo el expediente 250-2013 recibido el 1° de abril de ese año, este tardó 216 días entre el momento en que se tramitó y la llegada a la Fiscalía de Osa, donde todavía aguarda resolución.
Henry Ramírez Molina, jefe del Departamento de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos del Sinac, explicó que no hay tiempo promedio para atender los conflictos relacionados con dicha problemática en el país.
“El primer tema con las plataformas de gestión de denuncias es que hay que analizar la información para saber si todo lo que está ocurriendo en la plataforma es calificado como una ilegalidad”, mencionó a Diario Extra.
El funcionario explicó que, al tener que tramitar todas las quejas ambientales desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), las relacionadas a corta indebida de árboles no son prioritarias, pues se pueden recabar pruebas después del hecho.
“Si alguien le va a dar un reporte y dice, por ejemplo, que en la finca de Juan de los Pericos se oyen perros ladrando, entonces parece que están cazando, en ese momento entra esa denuncia y hay que tratar de despachar a los funcionarios casi que, de manera inmediata, porque si no las probabilidades de encontrar al infractor son muy bajas porque los cazadores se mueven. Pero en el delito de tala va a estar ahí, tal vez no la manera en la que se lo robaron, pero va a estar en la serie, la base del árbol, la alteración, el aserrín, entonces usted lo puede abordar”, agregó Ramírez.
El numeral 250-2013 no es el único que acumula más de una década a la espera de un cierre, pues en el sistema aparecen 74 acciones legales durante 2013 que se encuentran en ese mismo estado.
Recortes dificultan investigación
Más allá de la disminución de recursos gubernamentales en los últimos años, el Sinac recibe parte de sus fondos mediante el cierre de los expedientes, donde se incluye el costo administrativo que requieren las pesquisas, sin embargo, la espera deja “congelados” estos fondos.
“Cuando hay una denuncia que resulta ser exitosa, en términos de que se hace una valoración de daños, se hace una pericia, el análisis y el levantamiento, esas son las que tienen alguna posibilidad de que cuando se haga esa acción resolutoria, algo le llegue a la administración.
Las que se van quedando en fase intermedia, pues son recursos que el Sinac va implementando, va utilizando, pero como no llegan a la fase final, porque el fiscal los desestima, todo el esfuerzo y el recurso para atrás no tiene retorno”, amplió Ramírez a este medio.
Fiscalía Ambiental asegura respuesta
Luis Diego Fernández, coordinador de la Fiscalía Ambiental, comentó a Grupo Extra que, con el avance de los años el trámite de conflictos relacionados con la naturaleza ha llegado a una fase resolutoria en cuatro de cada 10 casos.
“En el año 2022, por ejemplo, se tiene que se realizan 570 juicios ambientales y de ellos 208 fueron condenas, es decir, un porcentaje superior al 40%, y en 2023 resulta muy similar”, indicó Fernández.
Además, el fiscal recordó que existe otro tipo de salidas conciliatorias como suspensión del proceso de prueba, o bien un procedimiento especial abreviado, lo que no se califica como condenas.
