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Las denuncias por estafas informáticas contra clientes bancarios disminuyeron un 49,9% entre enero y octubre de 2026, respecto al mismo periodo de 2025. Los reportes pasaron de 14.772 a 7.405, una diferencia de 7.367 casos, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En octubre hubo 441 denuncias, frente a las 752 registradas en 2025, una reducción provisional del 41,4%. En marzo, los reportes bajaron de 2.500 a 767. Los datos muestran disminuciones en todos los meses comparados.
“Las entidades bancarias, todo el sistema financiero, están haciendo lo propio en el tema del monitoreo, en el tema de aplicación de tecnología para efectos de proteger a sus usuarios”, afirmó Sergio Rodríguez, jefe de la Sección de Fraude Informático del OIJ.
Por provincia, San José acumula la mayor cantidad de denuncias en el país, con 3.004 reportes, seguida de Alajuela, con 1.233; Heredia, con 1.044, y Cartago, con 760. Las cuatro provincias reúnen 6.041 casos, equivalentes al 81,58% del total nacional.
Puntarenas registra 468 denuncias, Limón, 457, y Guanacaste, 319. Otros 120 casos no tienen una ubicación identificada.
“El otro factor es la parte de la prevención. Se han realizado varias campañas en el pasado y, definitivamente, hemos visto un antes y un después de la campaña. Hay una marcada disminución, una vez que sale una oferta educativa donde la población cuenta con información importante para prevenir y eso marca una diferencia”, agregó Rodríguez.
Además, la Policía Judicial menciona que se han llevado a cabo operaciones contra estructuras criminales dedicadas a las estafas bancarias.
Las investigaciones permitieron realizar allanamientos, decomisar evidencia y detener a integrantes de estas organizaciones, algunos de los cuales recibieron prisión preventiva.
Miguel Ramírez, jefe de la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, también relacionó el descenso con la coordinación entre bancos, investigadores y fiscales, así como con la inversión en tecnología de seguridad.
“Yo creo que el éxito ha sido la unión y el respeto mutuo que ha habido entre todos los colegas, entre todas las instituciones y ese debe ser el camino de aquí en adelante, no solo en este delito, yo creo que en todos los delitos relacionados con la ciberdelincuencia”, expresó Ramírez.
Las autoridades revelaron que las organizaciones investigadas cuentan con líderes, administradores, prestanombres y personas encargadas de retirar el dinero. El OIJ también identificó posibles vínculos de estos recursos con otras actividades criminales.
“Nosotros hemos detectado diferentes roles, se ha estratificado como cualquier otro grupo organizado, con un líder, con sublíderes, con administradores, con frenteadores”, detalló Rodríguez.
El avance de la inteligencia artificial y los activos virtuales agrega nuevos retos para los investigadores. Ramírez señaló que el Ministerio Público dispone de cuatro fiscales certificados en temas relacionados con criptomonedas y busca ampliar esa formación.
El fiscal también considera necesaria la cooperación con plataformas internacionales para rastrear transacciones y obtener información sobre posibles delitos.
“Tenemos que tener una conectividad absoluta con todos los “brokers”, es decir, todas las plataformas que manejan activos virtuales tienen que estar sincronizadas bajo el término de poder entregar la información que corresponda”, dijo Ramírez.
Uno de los principales mensajes se dirige a fortalecer la prevención entre la población mediante mensajes orientados a reducir las respuestas impulsivas ante supuestas alertas bancarias, llamadas urgentes y mensajes falsos.
Raúl Rivera, asesor en ciberseguridad de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), explicó que las comunicaciones fraudulentas pueden utilizar audios creados con inteligencia artificial y perfiles de mensajería que imitan a instituciones o personas conocidas.
“Lo más importante es poder hacer esa pausa, revisar y poder validar y confirmar que definitivamente se trata o no se trata de una situación real”, señaló Rivera.
La iniciativa promueve tres acciones antes de compartir información personal o transferir dinero: salir de la conversación sospechosa, revisar la situación mediante canales oficiales y confirmar la autenticidad de la comunicación.
Sergio Rodríguez
Fraude Informático OIJ
“Entonces, la campaña viene a dar en el clavo en el sentido de que la persona no tiene por qué sentirse presionada, no tiene por qué sentirse urgida a hacer algo en una llamada telefónica, sino que tiene que hacer una pausa y revisar y cerciorarse de que lo que está haciendo es correcto”.
Miguel Ramírez
Fiscal Adjunto de Cibercrimen
“El costarricense ha logrado entender que hay llamadas telefónicas que no se deben atender, hay mensajes que no se deben contestar. Hay links que no se pueden estripar. Hay que darse el tiempo para analizar la situación y verificar si esta información que me están dando es cierta o es mentira”.

