Para Enrique Soto, miembro del Comité Cívico de Quepos, durante los últimos 10 años la Contraloría General de la República no ha cumplido como ente fiscalizador y supervisor de las finanzas públicas, tampoco como rector en materia administrativa, porque dura muchos años en resolver denuncias y las acciones administrativas contra los funcionarios llegan tardíamente.
En este sentido aseguró que se recaban las pruebas correspondientes para interponer denuncia formal ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), por tratarse de temas relacionados con la administración.
Para Soto el hecho de que no existan sanciones administrativas del ente contralor contra los responsables en temas como las irregularidades del caso La Trocha y los atrasos en la carretera a San Ramón, por citar algunos ejemplos, deja un sinsabor porque se envía un mensaje errado a los funcionarios: pueden cometer anomalías sin recibir castigos.
“Lo que quiero es denunciar la inacción de la Contraloría de trasladarles los asuntos a los auditores sin saber si tienen la capacidad administrativa para poder desempeñar muchas cosas (…) Lo que buscamos es que la Contraloría cumpla con su responsabilidad otorgada por la ley, que dice que es un ente que está por encima de las instituciones de la administración pública en materia de supervisión de los recursos y de los bienes públicos”, sentenció.
¿SE BURLAN?
Apuntó que la entidad fiscalizadora del Estado cuenta con el recurso humano para hacer lo que le corresponde en tiempo y forma, pero considera que se desvió de sus funciones y en diferentes momentos aduce que no puede meterse en diferentes temas porque sería coadministrar.
“La Ley Constitutiva de la Contraloría le da una potestad de imperio porque dice que está por encima de todas las instituciones del Estado en materia de fiscalización y supervisión de los recursos públicos.
Hoy los funcionarios se burlan de la Contraloría porque hace su función desde el escritorio, ya no es aquella Contraloría que enviaba a alguien a ver lo que está pasando, por lo que ¿cómo pueden probar que se cumplió con equis y con ye cosas?”, cuestionó.
A criterio de Soto, el ente contralor perdió su rumbo porque no realiza las labores administrativas que le corresponden y, por consiguiente, no cumple con su obligación.
“Nos preocupa enormemente que la Contraloría perdió su norte, además perdió su eficacia y su eficiencia porque el único ente, de acuerdo a la ley, capaz y con poderes superiores es la Contraloría.
Resulta que en el 2012 pusimos una denuncia contra funcionarios de la Municipalidad de Quepos y detectó un montón de irregularidades. Hoy, seis años después, castigaron a dos funcionarios con una suspensión sin goce de salario, pero los delitos eran graves. ¿Cómo es posible que seis años después se castigue a un funcionario?”, finalizó.
QUE VAYA CON LAS PRUEBAS
A través de la oficina de prensa, el Área de Denuncias e Investigaciones respondió que toda denuncia atendida por la Contraloría es estudiada en admisibilidad y se determina lo procedente, con base en sus competencias y marco jurídico aplicable.
“Tanto las denuncias que son atendidas por la Contraloría General de la República -en su propia Área de Investigaciones- como las que son trasladadas a otras instancias con competencia para su atención o se archivan, son informadas a los denunciantes con la respectiva fundamentación jurídica.
De conformidad con el Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, estos actos administrativos resueltos por la Contraloría General de la República tienen los recursos de ley, lo cual queda a criterio del denunciante accionar”, detalló la entidad.
A esto la instancia fiscalizadora añadió que “si un ciudadano considera que algún acto de la Contraloría General de la República debe ser revisado por jurisdicción contencioso administrativa, deberá presentar la gestión correspondiente con las pruebas pertinentes”.