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Entre los proyectos de ley que se presentaron en las últimas horas para la agenda de sesiones extraordinarias en el Congreso de la República, destaca uno en que si los empleados privados saben de actos de corrupción y no los denuncian podrían ir a prisión.
Nos parece que este gobierno de don Rodrigo Chaves viene con todo a atacar la evasión, elusión y los actos de corrupción que han empañado a pasadas administraciones, de las cuales, por más que han querido disimularlo, sus altos mandos han salido supersalpicados.
Si bien todo mundo sabe que una regla de vida es denunciar lo incorrecto porque desde pequeños nos enseñan lo bueno y lo malo, no está correcto que se necesite una ley para que la gente tome la decisión de actuar.
El sentido común y la honestidad debieran llevarnos a todos a tomar las decisiones correctas y no permitir que existan estos actos de corrupción, los cuales, lejos de ayudar al crecimiento del país, nos dejan muy mal parados como un país en donde usted ocupa ofrecer dinero, joyas u otras cosas para que alguna persona actúe de cierta forma.
A nivel internacional, con todos estos actos de corrupción, Costa Rica dejó de ser vista como la pura vida para quedar ante los ojos internacionales como un lugar donde, por ejemplo, si se quiere infraestructura bonita, los funcionarios deben recibir regalos y dinero.
Tampoco parece prudente que este castigo no sea parejo, para empleados públicos y privados por igual, porque lo que es bueno para el ganso debe serlo para la gansa, el punto es que dejen de darse situaciones como las de los casos Diamante o Cochinilla.
Porque en esos escándalos los empleados privados sí quedaron en la cárcel durante varios meses por presuntamente haber ofrecido dinero, mujeres y otras cosas para aligerar procesos, pero los funcionarios públicos salieron pronto de las celdas judiciales o ni siquiera llegaron a ellas, tampoco pidieron prisión preventiva en su contra y andaban mondos y lirondos por todo lado, sin que nadie los cuestionara por lo que podrían haber hecho.
Este punto es sumamente curioso porque ya existe una Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito que se supone abarca a todos los funcionarios públicos, sin embargo, a veces pareciera que no se aplica o resulta muy selectiva sobre a quién sí y quién no se la aplican.
En Costa Rica existe un gran problema de corrupción y para nadie es un secreto que nos está carcomiendo como país, de hecho, en informes recientes lastimosamente hemos ocupado los primeros lugares en estos temas.
Una encuesta de la firma Cid Gallup sobre opinión pública mostró en el mapa latinoamericano a Costa Rica como el tercer país con mayor corrupción percibida por el ciudadano con respecto al Gobierno. El estudio muestra que cuatro de cada 10 costarricenses tiene desconfianza del aparato estatal y cita la corrupción gubernamental como el principal problema nacional, lo que se debe ver con lupa.
Muchas veces, cuando estalla algún escándalo ante la opinión pública, las autoridades del Poder Ejecutivo prefieren optar por el silencio, el hermetismo y ocultamiento de agenda, lo que lleva a cuestionar el manejo de la comunicación.
En lugar de buscar mecanismos y estrategias para que la ciudadanía les tenga una mayor confianza a sus labores, ciertamente se impulsa el efecto contrario. Costa Rica está cada vez más lejos de ser esa Suiza centroamericana que nos dijeron nuestros antepasados. Ahora tenemos señalamientos por tintes de corrupción y duele que este tipo de informaciones salen a la luz pública y logran trascender fronteras hasta los medios internacionales.