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Varias diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitaron una investigación sobre el ambiente laboral dentro de la Asamblea Legislativa, luego de recibir reportes de funcionarios de al menos cinco departamentos que describen condiciones compatibles con un probable hostigamiento y acoso laboral.
La diputada liberacionista Janice Sandí aseguró que las alertas han sido reiteradas durante los últimos meses y que, a juicio de su bancada, no han sido atendidas de forma adecuada.
“Hemos recibido a funcionarios de al menos cinco departamentos de la Asamblea Legislativa relatando condiciones compatibles con probable hostigamiento y acoso laboral. Esto ha ocurrido reiteradamente durante los últimos meses y pareciera que no ha sido escuchado su clamor”, indicó Sandí.
Según explicó, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, remitió, en nombre de toda la bancada, un oficio a la presidenta del Directorio Legislativo para pedir una investigación sobre las condiciones del ambiente laboral en el Congreso.
Sandí añadió que su partido exigirá que se respeten los derechos de los trabajadores legislativos conforme a los convenios internacionales, la Constitución Política, el Código de Trabajo y los reglamentos internos.
Alejandra Bolaños
Gerente general del Congreso
“No tengo información, no he recibido por parte de ningún funcionario alguna denuncia en particular algún inconveniente o algún malestar en particular en relación con los temas que se exponen”.
Janice Sandí
Diputada del PLN
“El PLN tiene una tradición de defensa de los derechos de los trabajadores y de la misma manera vamos a exigir que los derechos de los trabajadores de la Asamblea Legislativa”.
Sin embargo, la gerente general interina de la Asamblea Legislativa, Alejandra Bolaños, dijo a Grupo Extra que la administración no ha recibido denuncias formales que permitan abrir una investigación concreta.
Bolaños señaló que conoció la nota enviada por el jefe de fracción liberacionista por medio de la prensa y por vías informales, pero recalcó que el documento no precisa hechos, personas ni situaciones específicas.
“Lo cierto es que la nota es muy amplia y no individualiza la queja o la denuncia. Por lo tanto, la administración no puede actuar mientras la denuncia o la queja no esté individualizada”, manifestó.
Ramírez pidió al Directorio de la Asamblea Legislativa investigar y revisar las condiciones laborales denunciadas por funcionarios, así como adoptar medidas correctivas si se determina que existen actuaciones que vulneran sus derechos.
En el oficio remitido a la presidenta del Congreso, el liberacionista solicitó iniciar de manera inmediata acciones administrativas para revisar y, de ser necesario, hacer cesar órdenes o actuaciones jerárquicas que pongan en riesgo los derechos laborales, la dignidad y la salud ocupacional del personal.
Además, pidió establecer un canal formal de diálogo con las jefaturas administrativas y representantes de los trabajadores para analizar las situaciones señaladas, así como instruir a la Unidad de Salud Ocupacional y a la Dirección Ejecutiva para que emitan informes técnicos sobre el cumplimiento de las normas de prevención del acoso laboral y protección de la salud física y mental.
Aunque la denuncia planteada por el PLN no es detallada, una revisión de las actas del Directorio Legislativo de 2026 muestra múltiples episodios en los que las autoridades del Congreso han conocido casos relacionados con temas laborales.
Entre esos elementos figuran discusiones sobre procesos disciplinarios cuestionados, recursos contra medidas que afectan plazas y reasignaciones, advertencias por la salida de personal técnico hacia despachos legislativos y la necesidad de reforzar fondos para cubrir incapacidades médicas. Las actas también reflejan preocupaciones por cambios en materia de empleo público y alertas de varias dependencias por sobrecarga de trabajo ante la reducción de personal.


