Seis adolescentes en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentaron una denuncia contra dos policías por supuestamente haberlos agredido en un albergue de Zapote.
En apariencia oficiales de la Fuerza Pública abusaron de su autoridad y rociaron con gases, aparentemente lacrimógeno, a esos muchachos.
Producto de la supuesta agresión a los jóvenes se les irritó la piel y los ojos, además, según la denuncia, también se les generó una afectación emocional.
Incluso los ofendidos aseguran que los funcionarios del PANI, presentes en el albergue al momento del altercado, no hicieron nada, es decir fueron omisos en su actuar.
Ante esto el Patronato acompañó a los menores a interponer la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La acusación también es contra personal auxiliar de cuido directo por omisión respecto a la responsabilidad y protección que deben dar a las personas adolescentes.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez, al conocer la situación ordenó a lo interno una pesquisa preliminar disciplinaria.
“Estamos llamados a garantizar los derechos de nuestros adolescentes, no podemos permitir bajo ningún concepto que estos sean violentados. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad real de los hechos y sentar las responsabilidades que correspondan. Así como para asegurar que a nuestras personas menores de edad se les respeten todos sus derechos”, adujo.
Por su parte el Ministerio de Seguridad Pública reaccionó de la misma manera y de inmediato se inició una investigación contra los funcionarios señalados como los responsables de cometer la agresión.
Así lo ordenó el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien pidió esclarecer los hechos y trabajar de la mano con el PANI para cumplir ese objetivo.
“De ninguna manera vamos a tolerar ningún tipo de agresión contra ninguna persona, y menos contra personas adolescentes, que más bien requieren de todo el cuidado y apoyo de todas las instituciones”, dijo.
El caso queda en manos de los órganos disciplinarios de cada institución, así como de las judiciales, que deberán realizar sus indagaciones para conocer lo ocurrido y de ser necesario establecer sanciones.