Denuncian nombramientos irregulares en Asamblea Legislativa

Diputada oficialista señala a secretaría del directorio

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La diputada oficialista Ada Acuña presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública por supuestos nombramientos irregulares en la Asamblea Legislativa.

Según la tesis de la legisladora, respaldada por el sindicato de trabajadores del Congreso, existiría un conflicto de intereses en la Gerencia General, el Departamento de Recursos Humanos y la Secretaría del Directorio, lo cual (a su criterio) violenta varios principios de la función pública.

“Hay que poner un alto a este festín de nombramientos. Hijos, esposos, hermanos, amigos, familiares de funcionarios y diputados con trajes a la medida para ser nombrados. ¡Es una espiral de corrupción!”, aseguró Acuña.

Entre los principales señalados aparecen los tres congresistas que han ocupado la Secretaría del Directorio Legislativo: Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Felipe García, todos miembros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Nos parece totalmente irregular. Tenemos pruebas contundentes que vienen de parte de la auditoría interna y el sindicato. Le estamos pidiendo a la Procuraduría que esto se investigue. Debemos decir ya basta a la corrupción en la Asamblea”, subrayó la legisladora.

Ante estos señalamientos, la fracción del PUSC emitió un comunicado desligándose de cualquier irregularidad y aseguró que los nombramientos se hicieron dentro del marco legal. 

Además, calificaron la denuncia presentada por Acuña como una maniobra con “fines politiqueros” que busca generar confusión y desinformación.

“Los nombramientos no se hacen de forma unilateral ni discrecional. Recursos Humanos analiza los requisitos de cada puesto, verifica el cumplimiento de los perfiles y remite una lista de postulantes, sobre la cual el Directorio, de forma colegiada, toma decisiones conforme a derecho”, afirmó la bancada socialcristiana.

También indicaron estar dispuestos a colaborar con las autoridades en cualquier proceso que se abra.

“Rechazamos categóricamente cualquier afirmación que sugiera lo contrario. Es absolutamente falso que los nombramientos hayan carecido de rigurosidad o se hayan hecho al margen de la ley”, concluyó la Unidad.