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La construcción de un mirador en las cercanías del río Tárcoles fue denunciada por presuntas irregularidades en los permisos ambientales, en medio de versiones contradictorias entre autoridades, empresa desarrolladora y gobierno local sobre la legalidad del proyecto. El abogado ambientalista Walter Brenes explicó que el caso se centra en la permisología del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y ya se encuentra bajo análisis en la vía penal.
“Según ha establecido directamente el Sinac, no se encuentra para la construcción de este mirador; sin embargo, la compañía alega que desde noviembre del 2025 se le otorgaron los permisos, por lo que el caso en principio se encuentra en la Fiscalía Ambiental”.
Sin embargo, desde dicha institución la versión es un poco más confusa, ya que el avance del proyecto estuvo mediado por resoluciones administrativas que modificaron decisiones previas.
En un documento oficial se establece que “se declara con lugar el reclamo de queja interpuesto contra el Sinac y se ordena levantar la orden administrativa y otorgar los permisos correspondientes”, lo que permitió continuar con las gestiones del proyecto.
No obstante, los documentos no evidencian de forma explícita un permiso específico para la construcción del mirador como obra independiente.
Por ejemplo, en la respuesta SINAC-ACOPAC-OSRO-0080-2026, enviada a Brenes, se expresa que “por parte de la Oficina Subregional de Orotina, no se ha otorgado ningún permiso, autorización ni visto bueno para la construcción de dicho mirador en ese sector. A la fecha, no existe trámite aprobado ni en proceso relacionado con esa obra dentro de los registros de esta Subregional”.
Por parte del gobierno local, la Municipalidad de Garabito aseguró, en conversación con Grupo Extra, que el proyecto cuenta con todos los permisos requeridos, respaldándose en la documentación presentada por los desarrolladores.
Esto se vincula con certificaciones donde se indica que el proyecto es “uso conforme” dentro de la normativa vigente, señalando que debe cumplir con la legislación urbanística aplicable.
Además, consta que “se otorgó permiso de obra en cauce de dominio público para la construcción de estructuras de protección en el río Tárcoles, con el fin de reforzar la estabilidad del terreno”, como parte del expediente.
El caso se mantiene en investigación en la Fiscalía Ambiental.