Un grupo de padres de familia asegura que está cansado de una serie de irregularidades en el Conservatorio Castella y pide que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Dentro de lo que alegan está la discriminación que sufren los menores que no pagan servicios complementarios, transporte y alimentación, cuya cuota es de ¢55.000 mensuales.
“No es posible que en un colegio público, porque es del Estado, a un niño que quiere tomarse un fresco de los que se ponen en el comedor, no se lo pueda tomar porque le dicen que no paga los servicios complementarios”, indicaron los padres de familia.
Pero el director de la institución, Roberto Montero, respondió que no se trata de discriminación, sino que el comedor no está bajo la administración del Ministerio de Educación Pública (MEP).
“Los padres saben que ese comedor se construyó con el apoyo de ellos y que se sostiene con la ayuda de ellos, es administrado por la junta administrativa y por eso es que se hace de esta manera, pero esa cuota no es obligatoria”, aseguró Montero.
Además señaló que ya se están haciendo las gestiones para que por medio del programa de equidad se comience a administrar el comedor, aunque será algo complicado porque está pensado para los menores de lugares donde hay pobreza, y los alumnos del Castella no cumplen ese requisito.
Pero los padres además se quejan de que se les intenta cobrar ¢20.000 mensuales por el supuesto funcionamiento operativo de la institución, algo que nuevamente es ilegal porque la educación debe ser gratuita.
“A los que no pagamos servicios complementarios entonces nos impusieron una cuota de ¢20 mil, algo que no podemos comprender en un colegio que es público porque lo maneja el MEP”, indicaron los padres.
Al respecto el director aseguró que efectivamente esa cuota se puso como algo voluntario pero que no es una obligación.
“Actualmente solo una madre de familia la paga, porque es algo voluntario, nosotros sabemos que la educación debe ser gratuita”, indicó Montero.
Por otra parte los padres de familia denuncian que las instalaciones del colegio realmente dan pena, se está cayendo pese a esa cuota que se les cobra y no se ve reflejada.
El director en este punto les dio la razón a los padres de familia y reconoció que ciertamente las instalaciones no son las mejores, pero lamentablemente es lo que se tiene producto de que los terrenos no son del colegio.
“Lo que sucede es que los terrenos donde está el colegio no son del MEP y eso hace que por una prohibición legal, el gobierno no pueda invertir en mejoras de algo que no es de ellos, por lo que dependemos de la ayuda de los padres de familia”, explicó Montero.
Esos terrenos pertenecen a una sociedad que fundó la institución, pero ya no hay ningún miembro, incluso los tribunales indicaron que era acéfala, es decir que no hay a quién notificar, por lo que el litigio está desde hace 9 años a la espera de una resolución que se espera le otorgue los terrenos al Estado y la situación cambie.
“Sabemos que nos falta mucho por hacer y le hemos dicho al MEP que si quiere tener un conservatorio se debe invertir en él, porque esto incluye compra de instrumentos y el mantenimiento de instalaciones”, dijo Montero.
Otra situación es que actualmente el colegio no tiene junta administrativa, desde el pasado 30 de abril cuando se venció el nombramiento de la que estaba y ahora los padres de familia esperan que se nombren personas diferentes.
“Estamos sin junta administrativa pero de momento no significa ningún problema, la municipalidad me ha informado que el próximo lunes ya se nombrará para que se vuelva a la normalidad”, concluyó Montero.