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Una grave denuncia sacude nuevamente el Ministerio de Justicia y Paz luego de que la organización Familia Penitenciaria Unida Costa Rica (FPU) hiciese pública una carta dirigida al jerarca de la cartera, Gabriel Aguilar, señalando supuestos abusos físicos y tratos crueles contra personas privadas de libertad.
El pronunciamiento fue emitido por Maureen Esquivel, fundadora de la agrupación y esposa de un reo, quien detalló en la misiva los señalamientos directos recibidos tras una reciente visita ministerial.
“El sábado, durante mi visita, mi esposo me relató que usted lo habría escupido, abofeteado y gritado mientras él se encontraba esposado, mientras oficiales se colocaban encima de él, dejándolo en una situación de total indefensión”, destaca la carta.
Asimismo, la carta advierte que la preocupación no se limita a un solo caso, sino que abarca un panorama más amplio de presuntos vejámenes en centros penales.
“También existen graves señalamientos sobre agresiones, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra otras personas privadas de libertad en el CAI Terrazas y en el CAI Jorge Arturo Montero, en el contexto de estas visitas ministeriales”, se menciona.
La fundadora de la FPU cuestionó severamente la actuación de las autoridades.
“¿Considera usted que gritar, humillar, escupir o golpear a una persona que se encuentra bajo custodia del Estado constituye una forma legítima de ejercer autoridad? ¿Puede la seguridad justificar que una persona esposada sea sometida a agresiones o a cualquier trato que vulnere su integridad?”, destaca.
Esta denuncia profundiza la fuerte polarización en torno al sistema penitenciario nacional, enmarcado en recientes operativos de requisa impulsados por el Ejecutivo para retomar el control de los centros penales y combatir el ingreso de artículos prohibidos.
Horas antes de que trascendiera el pronunciamiento de la organización, la Dirección General de Adaptación Social emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente cualquier práctica de tortura, tratos crueles o actuaciones arbitrarias, defendiendo que las medidas responden estrictamente a la recuperación del orden y la disciplina institucional.
Mientras el Ministerio sostiene que la autoridad y la seguridad no son negociables frente a la resistencia interna, colectivos de derechos humanos y familiares exigen investigaciones exhaustivas e imparciales para garantizar que el cumplimiento de una condena no vulnere los derechos fundamentales ni la dignidad humana bajo custodia del Estado.