Denuncian a rector de la UCR por supuesto freno a investigación

Demanda fue ante la Procuraduría de la Ética Pública

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El cierre de una denuncia administrativa relacionada con un posible conflicto de intereses dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR) derivó en una nueva gestión ante la Procuraduría de la Ética Pública contra el rector Carlos Araya.

La denuncia, presentada el 12 de mayo ante la Procuraduría, cuestiona la resolución R-286-2026 emitida por la Rectoría de la UCR, al considerar que utilizó de forma improcedente el examen de admisibilidad para evitar que el caso fuera investigado formalmente por la Comisión Instructora Institucional (CII), órgano encargado de instruir procedimientos disciplinarios dentro de la universidad.

Foto: Isaac Villalta.

El documento fue interpuesto por el periodista Sergio Zúñiga Ruiz y señala posibles afectaciones a principios de probidad, imparcialidad administrativa, deber de abstención y tutela efectiva de la potestad disciplinaria.

Caso se originó en elección universitaria

La situación se remonta al proceso electoral TEU-91-2023, realizado en noviembre de 2023 para elegir la Subdirección de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC).

Según la denuncia original, un funcionario de apellido Zeledón participó en votaciones relacionadas con el levantamiento de requisitos académicos necesarios para su propia candidatura. Además, se cuestiona que no existieran abstenciones de personas con vínculos conyugales directos respecto de las decisiones adoptadas durante la sesión.

En septiembre de 2025 se presentó una denuncia administrativa ante la ECCC por posibles conflictos de interés y eventuales incumplimientos al deber de probidad.

El expediente fue conocido posteriormente por el Tribunal Electoral Universitario, la Oficina Jurídica y finalmente la Rectoría, que rechazó la apelación y mantuvo el cierre del caso sin trasladarlo a la Comisión Instructora Institucional.

Foto: Isaac Villalta.

Señalan análisis de fondo sin investigación formal

La denuncia ante la Procuraduría sostiene que las autoridades universitarias realizaron valoraciones jurídicas sustantivas en una etapa preliminar, sin apertura de investigación formal ni actividad instructora.

“La Administración optó por resolver el asunto mediante una valoración jurídica anticipada de fondo realizada en etapa preliminar de admisibilidad”, se afirma en el documento.

La gestión también advierte que la decisión podría generar un precedente institucional respecto al uso del examen de admisibilidad para cerrar casos relacionados con conflictos de intereses y probidad administrativa sin investigación formal.

Además, se menciona que actualmente existe abierto en la Comisión Instructora Institucional el expediente 04-2025-D, vinculado con actuaciones administrativas relacionadas con el mismo entorno institucional analizado en la denuncia original.

Grupo Extra consultó a la oficina de prensa de la rectoría; sin embargo, se está a la espera de una respuesta oficial.