Parece que la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, está dispuesta a acabar con lo que en apariencia serían presuntos actos de corrupción por parte de algunos de sus funcionarios.
Precisamente DIARIO EXTRA dio a conocer el pasado lunes 18 de julio cómo Crespo denunció ante el Ministerio Público a Marjorie Herrera Castro, quien se desempeña actualmente en la Dirección de Igualdad y No Discriminación, y a Álvaro Paniagua Núñez, quien labora como director de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Juventud.
Estos funcionarios fueron denunciados, irónicamente, por un grupo de indígenas que señaló que son discriminados por su ideología al no compartir las recuperaciones de los territorios por las vías de hecho y ser pacíficos, y que le indicaron a Crespo que presentarían tal denuncia contra los funcionarios para que no lleguen más a los territorios y sean separados de las investigaciones que llevan sobre el tema indígena, pues “no son dignos de nuestra confianza” y, si van a realizar las investigaciones, que no sean ellos los que las lleven, por su falta de objetividad y de imparcialidad.
NUEVA DENUNCIA
Pues bien, la defensora no quiere dejar santo con cabeza en la entidad del Estado y esta vez le tocó el turno a Catalina María Delgado Agüero, quien se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría de los Habitantes, a quién la denunciaron ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por los delitos de abuso de autoridad, rebelión, conspiración y prevaricato descritos en el Código Penal, además del deber de probidad, regulado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Y es que, según versa en la denuncia presentada ante el Ministerio Público el pasado 14 de julio, pone en conocimiento de la autoridad judicial las “posibles irregularidades en la función pública” por parte de Delgado Agüero.
De hecho, explica que Delgado, en su condición de directora de Asuntos Jurídicos de la Defensoría de los Habitantes, tiene la responsabilidad de Asesorar desde el punto de vista técnico-jurídico a la defensora de los habitantes, de ahí que al ser un órgano asesor debe mantener la posición “imparcial, neutral y apegada a la legislación aplicable en la legalidad de los temas en los cuales se le solicita su criterio”, señala la denuncia.
También, en la misma, se hace hincapié en que la funcionaria legal “procedió a realizar acciones que se extralimitan a sus funciones y competencias dadas según el Estatuto Autónomo de la Organización de la Defensoría de los Habitantes, en su artículo 4 y 21 de dicho estatuto, en el cual su persona, aprovechándose ilegítimamente de su cargo, procedió a instar a la suscrita Crespo Sancho a considerar la renuncia al cargo que ostenta como defensora de los habitantes, mismo que me fue concedido por la Asamblea Legislativa y seguir el cuerpo normativo descrito y no mediante oficios firmados por la directora de Asuntos Jurídicos, demostrándose así una falta a sus limitaciones en sus funciones configurándose de dicha manera un posible delito”, señala la denuncia.