Sabemos que la democracia y el Estado de derecho son frágiles. Que es necesario que la sociedad controle al Estado para evitar que el Estado abuse de ella.
Ese control social es hoy aún más importante porque la democracia está sometida a un grave ataque en Occidente, con mayor intensidad en América Latina y especialmente en nuestra subregión. Una amenaza que ya no es solo de la posibilidad de golpes militares, sino que cada vez más proviene de gobiernos establecidos, muchas veces electos con el voto popular.
Esta amenaza se produce tanto impidiendo la celebración de elecciones libres y justas como subvirtiendo el Estado de derecho.
En los años ochenta del siglo pasado solo había 3 democracias operando en América Latina, pero al cambio de siglo solo Cuba era un régimen totalitario.
En este siglo las cosas han ido en la dirección opuesta. Cuba, Venezuela, Nicaragua y en menor medida Bolivia son regímenes en que no se respetan los derechos humanos fundamentales y en los que no rige un Estado de derecho.
En Cuba no se permite más que el partido comunista y hay 1.047 prisioneros políticos según el informe de junio de este año de la organización Prisioners Defenders. De esas personas arbitrariamente encarceladas y torturadas 661 son personas detenidas en las manifestaciones pacíficas de hace dos años.
En Venezuela a finales de setiembre la ONG Foro Penal documenta la existencia de más de 280 presos políticos, y el gobierno arbitrariamente descalifica para una elección presidencial a las dos personas con mayor apoyo popular, María Corina Machado y Henrique Capriles.
En Nicaragua, las manifestaciones de abril de 2018 fueron sangrientamente reprimidas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron asesinadas 355 personas, 222 presos políticos fueron expulsados del país, se les arrebató la ciudadanía y los bienes, lo mismo que a buena parte de los 89 presos políticos que estaban en sus cárceles a finales de agosto según el reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos.
En Bolivia hay 277 presos políticos según Global Human Rights League incluyendo a la axpresidenta Jeanine Áñez y al Gobernador Luis Fernando Camacho.
Frente a esos regímenes, la posición no debe ser ni de aceptación ni de indiferencia.
El 1º de octubre el Grupo de Puebla terminó su reunión y emitió la declaración: “En Unidad Avanzamos”. Esa unidad lo fue con esos oprobiosos regímenes. No hubo condena para sus crueles violaciones a los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos, por el contrario, se dio apoyo y abrazo a sus representantes.
Ese mismo 1º de octubre falleció el Embajador Javier Sancho. Un patriota ejemplar, gran embajador y sobre todo persona íntegra y valiente en defensa de nuestros valores. Tuve la oportunidad de admirar su carrera como embajador en Brasil y Director de Política exterior en mi gobierno. También fue Embajador en Corea, en la OEA y en Nicaragua. Tuve el privilegio de considerarme su amigo y de poder admirar como aún en medio de su lucha contra la cruel enfermedad no abandonó su admirable defensa de la libertad y la democracia.
Dedicó su retiro a luchar por el respeto a la dignidad de las personas. Su denuncia de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua fue valiente, ilustrada y sin remilgos.
¡Qué lección para quienes en vez de defender a las víctimas se abrazan con los opresores por el simple hecho de que son sus amigos de izquierda!
Los integrantes del Grupo de Puebla en vez de alabar y defender a quienes tiranizan a sus pueblos deberían acatar el dictado del Arzobispo Monseñor Víctor Sanabria en 1945: “El bien es bien, cualquiera que sea la persona que lo practique, y el mal es mal, quienquiera que sea el que lo practica”.