Afectados por Casas Vita
“Me llené de ansiedad y depresión al aceptar que no iba a realizar mi sueño de tener mi casa y que más bien había perdido mi dinero”, afirmó Ana Priscilla Guevara a Diario Extra, una de las personas afectadas por el caso conocido como Casas Vita.
Guevara de 35 años invirtió parte de sus ahorros y su salario para optar por una vivienda de las que ofreció el Grupo Empresarial Casas Vita, S.A.
“En su momento fue muy frustrante toda la pérdida, eran años de trabajo y ahorros. Fue sumamente duro aceptarlo y tuve mucho tiempo en el que me sentía muy mal emocionalmente. Este fue un golpe durísimo por todos los años de trabajo que perdí”, agregó.
Así como ella, 83 personas presentaron una demanda contra el Estado, concretamente a la Comisión Nacional del Consumidor y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por su responsabilidad objetiva por los daños y perjuicios ocasionados.
Mario Alberto Valverde, defensor de los afectados, en mayo de 2019 interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo la denuncia formal.
“Por la omisión de la aplicación del inciso c) del artículo 44 de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en lo atinente a sus relaciones de consumo con la sociedad Grupo Empresarial Casas Vita, S.A. y por haber modificado en perjuicio de los derechos e intereses patrimoniales de los consumidores, y a favor de los intereses económicos del sector inmobiliario, el reglamento original de esa ley”, explicó.
Por eso solicitan al Estado la indemnización de $2.750.000, pues consideran que es el responsable de la pérdida que sufrieron todos los clientes.
“Estos proyectos para poder ser vendidos o comercializados requerían la autorización del MEIC, la que es exigida por el articulo 40 de la Ley de Protección al Consumidor, donde el legislador expresamente dispuso para proteger a los consumidores de sufrir pérdidas, por lo que exigían la demostración de solvencia financiera para garantizar que se podía realizar”, agregó.
Dicho requisito era para garantizarles a los clientes que en caso de que el proyecto fracasara, no perderían el dinero que habían pagado por concepto de prima.
“El MEIC lo que alegó fue que para cumplir ese requisito solo se necesitaba presentar una certificación emitida por un contador público diciendo que es una empresa solvente y que tiene suficiente dinero, y al hacer eso eliminaron de un plumazo la exigencia de la ley que pedía que fuera dicha institución la que lo demostrara”, añadió el abogado.
Diario Extra solicitó al departamento de comunicaciones de esa cartera una reacción sobre el tema e informó que tramitaría la consulta.
Este caso conocido como Casas Vita irá a juicio entre el 1º de setiembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026, sin embargo, el Tribuanl Contencioso aún no a señala fecha para debate en contra del Estado.
Sobre el caso
Cabe recordar que en octubre de 2019 la Fiscalía Adjunta de Fraudes presentó la acusación contra el imputado porque al parecer las víctimas hicieron pagos a Casas Vita, empresa de su propiedad, por la compra de viviendas o apartamentos en proyectos promocionados por esa compañía. Sin embargo, supuestamente los inmuebles no fueron entregados, según se lee en la acusación.
Las denuncias recibidas ante las autoridades judiciales señalan que los afectados pagaron montos que iban desde $5.000 hasta $400.000.
