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Dar a conocer los nombres de las personas responsables de que en el país no se apruebe la fertilización in vitro (FIV) es el objetivo del recurso de amparo contra el Estado, con carácter de “extremadamente urgente”. Este fue interpuesto por el abogado Boris Molina, quien representa a las parejas que acusaron al país de no aplicar dicha técnica quirúrgica.
Ayer venció el plazo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aprobar una ley con la cual se permita la FIV en el país. Sin embargo, eso no se logró pues los diputados no se pusieron de acuerdo y se fueron a vacaciones, de las cuales regresarán en febrero, después de las elecciones presidenciales.
Molina comentó que se están tomando acciones por el incumplimiento. También recordó que se ha presentado una demanda penal y con la interposición del recurso de amparo se acudió a la sede constitucional.
Entre las peticiones planteadas en el recurso de amparo se encuentran la orden al Estado de Costa Rica de obligar a quienes ocupan cargos pertinentes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a cumplir a corto plazo con la orden emitida por la CIDH.
Además, busca que se determine la violación de otros derechos constitucionales a los ofendidos, y se condene a los recurridos al pago de daños y perjuicios a las personas afectadas.
“Desde el año 2000, la Sala IV no ha emitido una resolución al respecto y ahora les decimos que ellos mismos deben ser quienes nos saquen de este problema”, recalcó Molina.
Para el defensor adjunto de los Habitantes, Luis Fallas, Costa Rica entra en una contradicción profunda con su discurso histórico en relación con los Derechos Humanos. Esto por incumplir los acatamientos de un organismo internacional, en este caso de la CIDH, y también porque deja en un vacío jurídico la regulación de esta técnica médica para aquellas parejas que voluntariamente y como última opción puedan hacer uso del avance médico para dar vida.
“Estamos hoy como al principio al seguir violentando los derechos de personas a tener una familia y migrar a otros países para someterse a este procedimiento médico, con esto se genera una discriminación por su condición económica. Lo que se está solicitando es una regulación apropiada, ética, y con parámetros científicos y de derechos humanos, pero no fuimos lo suficientemente capaces de entender que una ley es necesaria”, adujo Fallas.