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Los colombianos, nicaragüenses y salvadoreños con antecedentes penales que estén en Costa Rica se hallan en la mira de las autoridades policiales y judiciales para expulsarlos del país.
Desde mediados de mayo hasta el 30 de junio de este año el gobierno ha tramitado la deportación de 33 personas de estas nacionalidades ligadas a delitos graves.
Este dato forma parte del resultado de un plan del gobierno, luego de que en mayo, tras el asesinato del canadiense de origen libanés Elias Akl frente a un centro educativo en Escazú, las autoridades comenzaron una acción policial fuerte para detectar extranjeros ilegales que estén ligados al crimen organizado.
Desde mayo hasta el 30 de junio las autoridades detectaron a 88 extranjeros ligadas a delitos graves. De ellos, 33 están próximos a ser expulsados.
Así lo dio a conocer Gisela Yockchen, directora de Migración y Extranjería, quien explicó que además en este momento 45 personas están detenidas y esperan el proceso legal para ver qué corresponde con ellas.
En mayo anterior, en forma paralela a la medida migratoria, el gobierno anunció tres más.
Dijo que aumentarán en 300 los efectivos policiales para realizar retenes en carretera y que se girarán instrucciones para regular la importación de armas y municiones que comercializa la seguridad privada.
Para mitigar la entrada de marihuana proveniente de Jamaica se coordinará con Holanda y Francia para realizar operaciones encaminadas al bloqueo de las agrupaciones criminales que tratan de ingresar esa droga al país.
Adicionalmente Costa Rica buscará reforzar la cooperación bilateral con países como Colombia, Nicaragua, México y Panamá.
De igual modo el gobierno informó que intercederá ante los diputados para la aprobación de dos proyectos de ley orientados a combatir la criminalidad. Uno es el de Extinción de Dominio, con el cual el gobierno podría echar mano a recursos incautados al narcotráfico, y el de Creación Jurisdiccional Especializada en Delincuencia en Costa Rica, que busca crear varios juzgados.