
Aunque comúnmente se relaciona el crimen organizado con el narcotráfico y el lavado de activos, lo cierto es que, en sentido estricto, un grupo delictivo organizado refiere a un conjunto de personas que conciertan voluntades, no de manera esporádica, sino que, con alguna permanencia en el tiempo, para cometer un delito grave, y sobre el cual existe una clara distribución de funciones. Cuando nuestra ley menciona un delito grave, hace referencia a aquel delito que tiene una pena de prisión superior a los cuatro años, por lo que podría indicarse que el crimen organizado abarca una infinidad de actividades delictivas, dentro de las cuales están: asaltos (robos agravados), secuestros, estafas, contrabando, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción, entre otros.
Para poder efectuar esa labor delictiva, las organizaciones criminales se han convertido en verdaderas empresas delictivas, incorporando a sus filas profesionales de todas las materias, tanto lícitas como ilícitas, a fin de poder ejecutar las acciones necesarias para perpetrar los hechos punibles, llevar a los mejores rendimientos económicos la actividad delictiva que desempeñan y eludir los controles de las autoridades. Aspecto que cada vez se evidencia más cuando observamos en las noticias que se detienen por parte de los cuerpos policiales a abogados, contadores, administradores, funcionarios públicos, entre otros, y que formaban parte de una corporación criminal.
Recordemos que la delincuencia organizada, con el aumento de sus ganancias, no solo pretende satisfacer las necesidades, lujos y excesos de cada uno de sus integrantes, sino que también buscan reinvertir en el giro comercial ilícito, para así dotarse de las herramientas indispensables para la ejecución de sus fechorías. Adicionalmente, se ha observado una tendencia de los grupos criminales en la diversificación de sus actividades delictivas, siendo que ahora operan en varios frentes. A manera de ejemplo se puede indicar que una organización criminal que se dedica al narcotráfico a su vez puede financiar otros ilícitos penales como lo son la extracción ilegal de oro, el robo de combustible y el tráfico de migrantes. Otros proceden a incorporar sus recursos provenientes de las acciones delictivas en los préstamos gota a gota, o bien en la lotería clandestina.
Esta situación a su vez genera que las investigaciones desplegadas por la policía judicial, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, sean cada vez más complejas y extensas, pues no se investiga un único delito, debiendo recurrirse a otras técnicas especiales de indagación que les permita acopiar elementos probatorios idóneos para demostrar, en la etapa de juicio, la responsabilidad penal de las personas que conforman el grupo criminal. Aspecto que incide en los plazos que establece nuestra legislación procesal penal, tanto ordinaria como especial, y que en palabras del Fiscal General, cada vez son insuficientes.
*Director Instituto Costarricense sobre Drogas