Las comunidades viven directamente las afectaciones que generan el narcotráfico y los delitos conexos, y además son testigos de que los recursos limitados en las instituciones públicas y privadas encargadas de combatir el problema de las drogas y la delincuencia han restringido su efectividad. Por esta razón, el Instituto Costarricense sobre Drogas, a través de la Unidad de Recuperación de Activos, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 87 de la Ley N°8204 y 34 de la Ley N°8754, tiene la facultad de distribuir los bienes que le son comisados al narcotráfico o al crimen organizado, en beneficio de las instituciones dedicadas a su lucha, tanto en lo preventivo como en lo represivo. Por su parte, el decreto ejecutivo 36948-MP-SP-JP-H-S determina que la Unidad de Recuperación de Activos del ICD a través de lineamientos puede establecer los beneficiarios más idóneos y la forma en que deben ejecutarse estas donaciones, ello a través de un proceso transparente, eficiente y apegado a la legalidad.
Ahora bien, los beneficiarios de estas donaciones son múltiples y diversos, siempre enfocados en la prevención y represión del delito. Así, por ejemplo, se encuentran las instituciones preventivas que trabajan en el tratamiento y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que desempeñan un papel fundamental en la transformación social, ayudando a las personas a superar sus adicciones y evitar que otras caigan en ellas. Por otro lado, las entidades represivas también son receptoras de bienes comisados; esto es crucial para fortalecer la capacidad de respuesta ante los fenómenos del crimen organizado y el narcotráfico, garantizando que las fuerzas de seguridad cuenten con los recursos necesarios para enfrentar este flagelo. Por otro lado, un aspecto especialmente relevante es el hecho de que, en los nuevos lineamientos, las donaciones también se extienden a las municipalidades y las juntas de educación o juntas administrativas de colegios, las cuales desempeñan un rol fundamental en la educación y el bienestar social. Estas entidades, al recibir recursos, pueden implementar proyectos orientados a la prevención de la violencia, el narcotráfico y el consumo de drogas dentro de sus comunidades. De esta forma, se promueve una cultura de prevención desde las bases, contribuyendo a la construcción de una sociedad más resiliente frente a los desafíos del crimen y las adicciones. Con esta forma de disposición de los bienes comisados al narcotráfico y al crimen organizado, el ICD procura que el mal que causaron estas actividades delictivas en las comunidades se convierta en un medio para hacer el bien.
