Del diagnóstico a la ejecución: el paso urgente para salvar a una generación 

Costa Rica enfrenta una crisis silenciosa que arrebata el futuro de sus jóvenes día tras día: el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una cifra letal. 

Especialistas advierten que, aunque el problema está diagnosticado, las soluciones reales siguen sin ejecutarse en el país.

La realidad que atraviesan las comunidades más vulnerables es contundente y se refleja en los registros judiciales.

Estas muertes son el síntoma más grave de un sistema de protección que no está llegando a tiempo a los barrios.

Los expertos coinciden en que el país ya sabe qué está pasando: los diagnósticos institucionales sobre el reclutamiento criminal son abundantes y precisos desde hace varios años.

“Esto nos hace como sociedad un verdadero reto, nos plantea grandes desafíos para la sociedad y para el Estado, retos como una mayor inversión social, no solo en esas áreas prioritarias, sino en el resto del país”, afirmó Walter Navarro, exdirector de la Fuerza Pública. 

Hazel Villalobos

Experta en seguridad ciudadana

“Esto no solamente son cifras, son personas, son menores de edad, son niños y adolescentes, que, en lugar de estar en sus hogares, en las escuelas estudiando o construyendo proyectos de vida, son víctimas del crimen organizado. Ahí está la clave, pues la mayoría de estos homicidios están vinculados con ajustes de cuentas, es decir, con dinámicas del crimen organizado”.

Sin embargo, advierten que las respuestas de las instituciones siguen siendo insuficientes para frenar el fenómeno.

“Se confirman las zonas que ya para todas son conocidas, barrios del sur de San José, zonas urbano-marginales de Limón y Puntarenas, que son zonas con ciertas características sociológicas en común”, afirmó Bryan Sandí, experto en seguridad. 

Los analistas señalan que no basta con identificar el problema si no existe una voluntad política para aplicar las soluciones propuestas. 

Eyling Jaenz

Criminóloga y psicóloga

“El problema real es que estamos teniendo muchas víctimas muy jóvenes a manos de estas organizaciones criminales. Sabemos que en Costa Rica para dentro de unos 30 años se estima que la mayoría de población sea adulta mayor, entonces, estamos viendo una disminución en el tiempo que viven estas personas jóvenes, esto no es algo que beneficie al país”.

La brecha entre el análisis técnico y la ejecución operativa está costando vidas de jóvenes costarricenses, alertan los expertos. 

Para el criminólogo Rodrigo Campos, la clave de la prevención reside en atender los retos desde la infancia temprana, así como fortalecer el sistema educativo y crear oportunidades reales de desarrollo en las comunidades.

Mario Arias

Especialista en anticorrupción

“Ese mercado criminal necesita mano de obra joven y la encuentra entre los jóvenes que el Estado dejó de proteger. Hoy Costa Rica cuenta con al menos 30 distritos con índice de desarrollo humano bajo, el Estado debe llegar a esos territorios, necesitamos una política nacional de trazabilidad y permanencia escolar para niños, niñas y adolescentes en riesgo”.

“En primer lugar, tenemos toda una generación que no fue integrada de manera productiva al resto de la sociedad, que no fue integrada de una manera constructiva, de una forma en la que los jóvenes puedan desarrollarse”, explicó. 

Además de la educación, se requiere una presencia institucional robusta y constante en las zonas de alto riesgo. 

Bryan Sandí

Experto en seguridad

“No se debe combatir este flagelo de fuego con fuego, el fuego no apaga fuego. No se debe militarizar la lucha contra el narcotráfico, sino que se debe manejar desde una perspectiva de inteligencia policial.  Creo que tenemos que soltarles las riendas a nuestras autoridades, darles recursos, y dejarlos hacer lo que mejor saben hacer, pero con el marco legal respectivo”. 

Los especialistas subrayan que se debe recuperar el territorio no solo con policías, sino con servicios sociales que generen arraigo, ya que solo así se podrá evitar que más jóvenes terminen atrapados en dinámicas criminales sin salida.

Por otra parte, advierten que las familias, las instituciones y el Estado deben actuar de manera conjunta y solidaria.