Un polémico proyecto que hoy es investigado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción fue conocido por cuatro de los directivos del Banco de Costa Rica (BCR) que permanecerán en sus cargos por entre 4 y 8 años más.
Se trata de Mahity Flores Flores, Gina Carvajal Vega, y Luis Emilio Cuenca Botey, quienes además de formar parte de la junta directiva durante el último gobierno también estaban en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).
DIARIO EXTRA cuenta con copia de las actas de la junta directiva de la SAFI en cuyas sesiones se vio el tema. En estas se declara “confidencial” todo lo relativo al Parque Empresarial del Pacífico.
Tanto Flores como Carvajal y Cuenca estaban presentes en esos días. Néstor Bonilla, otro de los directivos que se quedan, también estuvo en dos oportunidades en las que se ventiló este proyecto.
A manos de este medio llegó parte del expediente penal 21-000209-1218-PE en el que se investiga un supuesto sobreprecio irregular. Aparecen como presuntos imputados tres sujetos de apellidos Vargas Corrales, Gutiérrez Loría y Barrantes Marín.
La denuncia plantea que BCR Fondos de Inversión Inmobiliario pagó a la compañía 3-101-764316 la suma de $71 millones entre efectivo y activos inmobiliarios.
Esto a cambio del llamado Parque Empresarial Pacífico ubicado en Caldera y cuyo inmueble, según el documento, se encuentra sin terminar.
OBRAS SIN TERMINAR
El denunciante pide al Ministerio Público investigar si antes de la compra hubo dictámenes periciales previos, y valoraciones de una probable pérdida económica, patrimonial y reputacional para los inversionistas privados del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No diversificado.
“Ha sido mi solicitud que se investigue a profundidad cuáles fueron las comisiones que, por varios millones de dólares, se distribuyeron por medio de esta transacción y por qué BCR SAFI insistió tanto en pagar $71 millones de contado por una propiedad con obras sin terminar”, indica el documento en poder de este medio.
DIARIO EXTRA se comunicó con el denunciante, cuya identidad se resguarda en el anonimato por razones obvias, pero este indicó que no daría declaraciones, y que ya todo estaba en manos de la Fiscalía.
También se habla en el expediente de un posible conflicto de interés en cuanto a quién participó de la escritura pública. La compra de la finca en Puntarenas se habría dado el 20 de febrero de 2020, bajo el número 6-22463-000. “Había obras pendientes que a la fecha no han sido terminadas”, añade el documento.
Según el denunciante, en este caso se trataría de más del doble del dinero del Cementazo y todo lo dicho es fácilmente comprobable por medio de los estados financieros e información bancaria de carácter público.